La fiscalía de la Audiencia Nacional ha reclamado que se cite al edil de la CUP en la localidad barcelonesa de Vic, Joan Coma, por incitar a la sedición. El concejal de la formación antisistema realizó un llamamiento público a desobedecer las resoluciones del Tribunal Constitucional en el pleno municipal, en el transcurso de una moción de apoyo a la declaración separatista del parlamento regional catalán.
El encargado de decidir sobre esta demanda de la fiscalía será el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Dicho magistrado ya estaba investigando las acciones anticonstitucionales de la llamada Asamblea Nacional Catalana en relación con los delitos de rebelión y sedición, por "impulsar" y "promover" las mociones de ayuntamientos catalanes de apoyo a la resolución independentista del parlamento regional catalán, anulada en su día por el Tribunal Constitucional. Ahora tendrá que decidir también sobre un ejemplo palmario de esa actitud subversiva, encarnado en la persona del concejal de la formación antisistema en Vic.
Nada tenemos que objetar a la pretensión de la fiscalía de hacer recaer todo el peso de la ley sobre este personaje por atreverse a hacer un alegato en una institución pública en contra del orden constitucional. Es obligación de los fiscales defender el interés público, y nada puede ser más importante en este contexto que castigar a quién cuestione la existencia misma de la Nación española.
Ahora bien, lo que sorprende llegados a este punto de la operación sediciosa catalana es que la fiscalía se emplee a fondo contra un personaje menor como este concejal antisistema de Vic y, en cambio, mantenga a salvo de su celo judicial a los principales responsables de la asonada separatista, de la que este pobre Joan Coma no es más que un vulgar palafrenero.
Bien está que se persiga judicialmente a quien anime a desobedecer las leyes desde una plataforma pública, pero eso mismo han estado haciendo las autoridades de la comunidad autónoma catalan, con Artur Mas a la cabeza, sin que la Justicia se haya atrevido a incoar un proceso de destitución.
El problema de Cataluña no es, desde luego, que un concejal ultraizquierdista haga gala de sus delirios antisistema en el pleno municipal. Lo realmente grave es que las autoridades autonómicas lleven cuatro años protagonizando públicamente actos similares sin que la fiscalía se haya atrevido, hasta el momento, a incoar un procedimiento para su destitución.
Pero no solo se ha evitado cualquier iniciativa judicial por parte de la fiscalía. Es que el Gobierno de España, del que depende ese órgano judicial, ha seguido inyectando fondos en las arcas de la Generalidad, cuyos dirigentes se situaron extramuros del Estado de Derecho con su intentona separatista apenas disimulada.
El concejal de las CUP en Vic ha de ser procesado y castigado de acuerdo con las leyes. Cabe esperar que la fiscalía incoe procedimientos similares contra las autoridades catalanas que llevan fuera de la ley mucho más que ese deslenguado concejal.