A pesar de que la mayoría de los partidos políticos y los medios de comunicación parecen no tener ojos más que para los casos de corrupción, está visto que la todo cambia sustancialmente cuando no está el PP de por medio. Buen ejemplo de ello da el escaso eco mediático y la falta de denuncia política de algo tan sumamente escandaloso como el presunto saqueo por parte de los dirigentes de la UGT de Asturias de los fondos del Montepío de la Minería, entidad sin ánimo de lucro constituida con aportaciones de los trabajadores de tal sector.
Según los indicios que está desvelando la investigación liderada por la Fiscalía Anticorrupción y dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 4 de la capital asturiana, y que ya ha motivado que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil lleve a cabo numerosos registros y detenciones en Asturias, Valladolid, Madrid y Murcia, el agujero por el que los dirigentes de UGT Asturias habrían desvalijado la citada mutualidad es el proyecto para la construcción de una residencia geriátrica, en la que se habrían generado sobrecostes sin justificar por más de dos millones de euros. El juzgado competente investiga desde abril presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial, fraude en subvenciones, tráfico de influencias, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública, "sin perjuicio de posibles delitos de prevaricación, cohecho, prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos".
Ni que decir tiene que si este supuesto saqueo de los ahorros de los mineros asturianos fuera obra de algún miembro del PP, la noticia coparía las portadas de los medios de comunicación, las sedes populares serían asediadas por multitudes de indignados y la oposición estaría exigiendo responsabilidades políticas al máximo nivel. Sin embargo, como los implicados son altos dirigentes del sindicato socialista –entre ellos José Ángel Fernández Villa, exsecretario general de la filial minera de UGT, SOMA, procesado en otra causa por una supuesta apropiación indebida de 434.000 euros de trabajadores–, la atención mediática volcada en los dimes y diretes en torno a la ya conocida pero futura comparecencia física del presidente del Gobierno en condición de testigo ante el tribunal que juzga la llamada primera época del caso Gürtel, y que tendrá lugar el próximo 26 de julio.
Cuando la corrupción no se denuncia siempre con la misma intensidad, la clase periodística se corrompe y envilece, como queda claramente de manifiesto en el muy desigual tratamiento y seguimiento que este saqueo del montepío minero –o el asunto de los ERE andaluces– está teniendo en comparación con los casos corrupción que tienen como protagonista al PP.