Recordaba oportunamente este domingo Federico Jiménez Losantos la dimisión de Rajoy que la Plataforma Libres e Iguales reclamó tras perpetrar los golpistas catalanes su primera y no menos ilegal consulta secesionista del 9-N. Yo también recuerdo cómo nuestro calamitoso presidente del Gobierno despachó aquella consulta y cómo silenció a quienes criticaban su inmovilismo "sin haberse atrevido a decir qué querían que hiciera".
La verdad, tal y como señalé por aquel entonces, es que no le faltaba razón al presidente del Gobierno en el reproche a algunos de sus súbitos e inesperados críticos. Tal fue el caso, por ejemplo, de Albert Rivera, quien, por no tener que atreverse a mentar el Código Penal o el artículo 155 de la Constitución, optó por convencerse y tratar de convencernos de que aquel referéndum ilegal no tendría lugar en base a un pacto entre Rajoy y Artur Mas, un pacto tan fantasmagórico –dicho sea de paso– como ese de Rajoy y Puigdemont con el que ahora algunos quiere borrar la corresponsabilidad del líder de Cs en una aplicación, tan vergonzosamente tardía, del 155, que, para colmo, se destina únicamente a convocar nuevas elecciones autonómicas.
Lo mismo podíamos decir, lamentablemente, de Rosa Díez, a pesar de que la entonces líder de UPyD ya había tenido el acierto de reclamar a Rajoy una reforma del Código Penal similar a la que Aznar había aprobado y Zapatero derogado, destinada a castigar más severa y específicamente la convocatoria ilegal de referéndums. A pesar de la negativa de Rajoy, lo cierto es que doña Rosa terminó por quedarse "muy tranquila" tras la entrevista que mantuvo con Rajoy a escasos dos meses de la consulta secesionista, y en la que el presidente le desveló su estrategia para impedir el 9-N, estrategia de la que la entonces líder de UPyD no tuvo la gentileza de informar.
Teniendo presente que, por aquellas fechas, Rajoy ya llevaba cerca de dos años sin atreverse siquiera a disuadir a los promotores del 9-N ni con el Código Penal ni con el 155, ni siquiera con la supeditación de la ayuda extraordinaria del FLA a que los gobernantes de la Administración regional en rebeldía renunciaran públicamente al ilegal procés secesionista inaugurado en 2012, también podemos recordar, no menos lamentablemente, cómo hasta Arcadi Espada no mentía al reconocer, quince días antes de que los separatistas consumaran aquella ilegal consulta, cómo no le había parecido mal hasta entonces "la conducta del presidente del Gobierno", que consistía, según él lo entendía, en "responder con el silencio a las arrogantes declaraciones del Gobierno de la Generalidad. Un modo de limitar el ruido. Y hasta una sutil forma de desprecio". A poco más de dos semanas del 9-N, cuando el Gobierno ya no estaba en condiciones de impedirlo, fue cuando Espada, por fin, se atrevió a decir que el Gobierno "no está en condiciones de permitirlo". Naturalmente, sin decir cómo.
Eso, por no recordar lo que se atrevía a celebrar la prensa de Madrid menos de un mes antes del 9-N con titulares de portada tales como "Mas renuncia a la consulta y ERC exige la independencia" (El Mundo), "La Ley doblega a Artur Mas" (ABC) y "Mas se rinde; no habrá 9-N" (La Razón).
Lo peor es que esa indolencia y ese autoengaño por parte de la clase política y periodística española se mantiene ahora en no poca medida. Si el larguísimo y gravísimo historial delictivo que muy acertadamente describe la querella del fiscal Maza contra el Gobierno de Puigdemont deja en evidencia la tardanza del Ministerio Público a la hora de actuar en el ámbito penal, no mejor parada sale una clase política incapaz de atreverse, en el ámbito político, a suspender la Administración autonómica en rebeldía ni siquiera cuando los golpistas nos anunciaron su intención de celebrar una segunda consulta secesionista. Que Rajoy, Sánchez y Rivera hayan esperado a aplicar el 155 a que los golpistas hubieran consumado tal cantidad de delitos –entre ellos, esta segunda y no menos grave consulta secesionista– es algo que debería descalificar a los tres como futuros presidentes del Gobierno.
Si, al menos, esta tardanza en la aplicación del 155 hubiera sido compensada con una duradera y ambiciosa suspensión de la Administración en rebeldía, que no sólo espantara la quimera del Estado soberano en forma de república sino que erradicara la muy real y tolerada independencia de facto que la Cataluña nacionalista ha gozado durante tantos años, pues al menos podríamos consolarnos con un "no hay mal que por bien no venga". Pero ni eso.
Por lo visto, era demasiado pedir al 155 un curso escolar –aunque sólo hubiera sido uno– sin el adoctrinamiento nacionalista que destilan muchos de los libros que, a día de hoy, siguen inoculando el desprecio y el odio a España a los niños en las escuelas catalanas. Por lo visto, era demasiado pedir al 155 que los medios públicos catalanes cesasen –aunque fuese durante un año– su ahora todavía más desatada propaganda contra nuestra nación y nuestro Estado de Derecho. Por lo visto, también era demasiado pedir que, al menos durante la aplicación del 155, se permitiera estudiar en español en esa parte de España donde parece que cualquier ilegalidad se puede permitir mientras sus gobernantes renuncien formalmente a un Estado soberano en forma de república.
Los ridículos seis meses de suspensión que, como máximo, contemplaba el acuerdo aprobado por el Senado en aplicación del 155, reducidos luego a 55 días, pretenden hacernos creer que la "legalidad será restaurada con la constitución del nuevo parlamento" surgido del 21-D. Eso, al menos, afirma Arcadi Espada, aun cuando ese nuevo Parlamento vuelva a tener una mayoría independentista o soberanista, tal y como pronostican las encuestas que tantos se resisten a ver y a que se vean.
Es verdad que la tardía observancia del Código Penal por parte de fiscales y jueces, más que la tardía y bochornosamente breve aplicación del 155, hará que los nacionalistas se lo piensen dos veces antes de volver a desafiar al Estado de Derecho con lo que Espada llama la "vía insurreccional hacia la independencia". Pero si dejamos al margen los referéndums ilegales o las declaraciones unilaterales de independencia, lo cierto es que la independencia de facto de la Cataluña nacionalista seguirá intacta el próximo 21-D aun cuando esta ridícula aplicación del 155 nos conceda el milagro –ese, sí Cristina– de ver a los constitucionalistas ganar las elecciones.