Las comisiones parlamentarias destinadas a la investigación de casos de corrupción no son más que numeritos circenses en los que los representantes de los distintos partidos se dedican a hacer mítines y lanzar consignas en lugar de llevar a cabo una rigurosa labor de indagación. Sirva como lamentable ejemplo la sesión de este martes de la comisión del Congreso que investiga el origen de la crisis financiera y el rescate bancario, a la que ha acudido el exministro de Economía y expresidente de Bankia Rodrigo Rato.
En lugar de preparar sus intervenciones concienzudamente y someter a Rato a un riguroso interrogatorio técnico sobre Bankia, los distintos portavoces se han dedicado a endilgarle descalificaciones de "defraudador" y "delincuente" –Pedro Saura (PSOE) y Alberto Garzón (IU), respectivamente– o a acusarlo de ser la "la niña deseada del Cártel del Pelotazo" (Toni Roldán, de Cs). No menos riguroso ha sido el representante del PP, Miguel Ángel Paniagua, que prácticamente se ha limitado a preguntar a Rato si no le da pena haber acabado como ha acabado tras su brillante gestión como ministro de Economía.
Así las cosas, Rato se ha podido permitir eludir las cuestiones más espinosas respecto de su labor al frente de Cajamadrid y Bankia –las acusaciones judiciales que pesan contra él respecto a un presunto maquillaje de los balances, sin ir más lejos– y dar su propia versión de los hechos, versión parcial y subjetiva pero con gran detalle técnico. Rato ha culpado a De Guindos de haber precipitado la quiebra de Bankia, de haber generado una fuga de depósitos de 250.000 millones y de haber ocultado información al Banco de España. Incluso ha insinuado que, en aquellos primeros meses de 2012, el ministro de Economía trabajó en beneficio de los competidores de Bankia, entidad en la que habría forzado una quiebra que provocó una salida de depósitos de la que se beneficiaron los demás grandes bancos españoles.
Además de recordar su detención en abril de 2015 –bochornosamente teatral– por presunto alzamiento de bienes y un delito fiscal que a día de hoy sigue sin ser concretado, Rato ha lanzado duros reproches al Gobierno del PP: ha acusado al ministro de Justicia de desvelar en TVE sus datos fiscales; a Montoro, de filtrar a un medio de comunicación que el Seplac, dependiente del Ministerio de Economía, le estaba investigando; o a la ministra de Empleo, de haber aconsejado a la secretaria del propio Rato que se separase de él porque éste "iba a tener problemas". Aun más grave ha sido la afirmación de que un director de un medio de comunicación, un articulista y un ex alto cargo del PP le aseguraron, también mucho antes de su detención, que el Gobierno quería "meterlo en la cárcel".
Tal vez debido al hecho de que las primeras investigaciones contra Rato se iniciaron a raíz de su acogida a la amnistía fiscal aprobada en 2012 por el propio Gobierno del PP; o tal vez debido a que la principal lacra de las extintas cajas de ahorros –principales destinatarias del rescate bancario– fue su politización a manos tanto del PP como del PSOE, IU y los sindicatos; o tal vez debido a que las cuentas de Bankia y su salida a Bolsa tenían el visto bueno de los propios organismos reguladores, los portavoces de los distintos partidos han eludido el careo y la indagación y optado por la simple descalificación. Lo cierto es que contra Rato pesan muchas y graves acusaciones judiciales, y no es de recibo que los partidos designen a tipos de segunda fila y escasa preparación para interrogar a una persona que, con independencia de su presunto historial delictivo, ha sido presidente de un banco, ministro de Economía y director gerente del Fondo Monetario Internacional.
Si Rato ha mostrado gran arrogancia en su intervención, no menor ha sido la ignorancia de sus interrogadores. Visto lo visto, más valdría que, en lugar de circenses comisiones de investigación, los partidos impulsaran la acción de la Justicia, que es, en definitiva, la que tiene que dirimir las responsabilidades penales.