El 20 de septiembre del año pasado fue el día en que los Mossos d'Esquadrase negaron durante horas a auxiliar a una comitiva judicial que trataba de practicar un registro en la Consejería de Economía. Miles de personas se agolpaban a las puertas del edificio, muchas de ellas en actitud hostil, dispuestas a impedir por la fuerza el registro judicial y la salida sin riesgo de linchamiento de los miembros de la comitiva, una letrada y una veintena de guardias civiles, entre investigadores y agentes de apoyo.
El ambiente era el típico de las manifestaciones separatistas, muy festivo y pacífico si no se les lleva la contraria. La letrada de la administración judicial tuvo que escapar por la azotea. Los guardias civiles acabaron de salir por la misma puerta por la que entraron veinte horas antes. Eran las siete de la mañana del día siguiente cuando el último agente abandonó el edificio. Tras dispersar los Mossos a los últimos concentrados, las grúas se llevaron los vehículos policiales trinchados por los separatistas. Muchas horas antes, a las diez de la mañana de la víspera, la Guardia Civil había pedido refuerzos a losMossos. A aquellas horas, eran cientos, no miles, los concentrados frente al edificio que respondían a la convocatoria en redes y medios separatistas de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y los principales dirigentes de ERC. Al mediodía era el Gobierno de la Generalidad en pleno quien llamaba a la población a las barricadas. Que no rendirían ni iban a tolerar "agresiones". Había que ver a Puigdemont mientras las calles se llenaban de furiosos separatistas dispuestos a cerrar el paso a la Guardia Civil.
La dirección de los Mossos consideró que no era pertinente establecer un cordón policial frente a la consejería, que había demasiada gente, pero en actitud cívica y tal. Tampoco estimaron necesario reforzar la vigilancia en las puertas del edificio ni facilitar un cordón para que los agentes de la Guardia Civil pudieran entrar o salir. La comitiva fue acorralada en el interior del edificio mientras la turba bramaba fuera. Si hasta hubo un mosso de paisano que se retrató al lado de los coches policiales destrozados haciendo la señal de la victoria con la mano. Y un reportero de TV3 que conectó con su programa dando botes encima de uno de esos autos.
Trapero llegó a colgarle el teléfono al juez que había ordenado el registro, el titular del 13 de Barcelona, Ramírez Sunyer. El magistrado recibió una llamada de la letrada en la que le daba cuenta de la grave situación y el peligro físico que corrían. Tras colgar, Ramírez Sunyer llamó al móvil de Trapero para pedirle que sacara del edificio a los agentes acorralados, pero el major de la paella de Cadaqués le dijo que no tenía garantías de que quien estaba al otro lado del teléfono fuese quien decía ser y que ya llamaba él al juzgado. Un crack. En la devolución de la llamada expuso ante el atónito magistrado que él ya estaba en contacto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y lo tenía todo controlado.
Tres agentes del Instituto Armado que iban de paisano, dos hombres y una mujer, estuvieron a punto de ser linchados. Les arrojaron vasos y botellas de cristal y tuvieron que salir a la carrera y lograron meterse en un coche policial sin distintivos para alejarse del peligro. Al final, los Mossos desalojaron a los individuos más violentos y realizaron un cordón. Eran la cuatro de la mañana cuando salieron los primeros guardias de uniforme de aquella encerrona, entre gritos, insultos y bramidos del público tolerado por los Mossos.
A nadie en el separatismo se le ocurrió condenar los actos de violencia registrados ese día. Todo lo contrario. Ejemplo a seguir. Aún hoy consideran que ahí no pasó nada y este jueves volverán a la escena del crimen para celebrar no saben qué, a lo mejor que a los Jordis les costó el ingreso en prisión o que a Trapero le puede caer una condena de cárcel sólo por aquello.
Aquel día fue el prólogo del 1-O, cuando la Generalidad obligó a los Mossos a desobedecer la orden judicial de impedir el referéndum ilegal y los golpistas utilizaron a los alborotadores de sus partidos como escudo humano. Entre un día y otro se demostró que en el separatismo había base para incendiar las calles y provocar desórdenes y disturbios al menor chispazo. Con la huelga del 3 de octubre convocada por el Gobierno catalán, quedó ratificado el grosor de la revuelta. Hasta los empleados de banca encorbatados gritaban que las calles siempre serán suyas. Muchos de ellos hubieran protegido con sus cuerpos a Puigdemont. O no. No se sabe porque el expresidente se escapó sin acabar lo comenzado.
A pesar del poco edificante ejemplo de su líder, el separatismo conserva intacta su capacidad de agitación y el control de las calles, como se pudo comprobar el pasado domingo con la inacabada manifestación de Hablamos Español. Tampoco ha habido consecuencias por la traición continuada de los mandos políticos y operativos de los Mossos, que siguen bajo mando de los golpistas.
Entre las diferencias más notables en relación al año pasado consta que la Guardia Civil y la Policía Nacional han desaparecido prácticamente de Cataluña y el Gobierno separatista boicotea los actos del Rey con el beneplácito del Gobierno de Sánchez. El Estado es más débil que hace un año y sólo la posibilidad cierta de la cárcel contiene a los sustitutos de presos y fugados. Pero la amenaza es la misma, con el añadido de que no acatarán, según avisan, las sentencias del Supremo si son condenatorias. Hay motivos más que sobrados para un nuevo 155, pero el Gobierno de Sánchez prefiere presionar a los jueces con insidiosos comentarios sobre la inconveniencia para sus planes de que haya golpistas presos.