Algunas cosas aparecen nítidas en el juicio contra los golpistas catalanes. Sí, ya está claro que la Abogacía del Estado está al servicio del Gobierno de Pedro Sánchez. Peor aún, la Abogacía del Estado ha sido instrumentalizada por el Gobierno para ponerla al servicio de los golpistas. Es obvio para quien se toma en serio la Justicia –es decir, para los ciudadanos de a pie, no la casta política e ideológica– que se juzga a unos golpistas por rebelión. ¡Mas el Derecho, ay, es un saber incierto, ambiguo y contingente! Porque el Derecho es susceptible de mil hermenéuticas, o mejor dicho, todo puede ser posible con el Derecho, si trata de fundamentarse en el derecho del más fuerte. Por desgracia para la democracia española, la perversa interpretación que convierte la rebelión en sedición podría salir triunfante, entre otros motivos, porque la apoya el más fuerte: el Gobierno de España. Porque el Derecho es, casi siempre, el Derecho del más fuerte, preparémonos para lo peor.
Este juicio también ha puesto en evidencia que el pasado Gobierno de Rajoy y la entera Oposición, los políticos en general de España, no quisieron saber nada del proceso como golpe de Estado, o peor, fueron incapaces de detener la asonada golpista del independentismo catalán. Su impotencia fue propia de gente que desconoce la historia de España y, por tanto, no tiene capacidad de predicción. Por el contrario, fueron el discurso del Rey y la actuación tanto de jueces y fiscales, como de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado los principales factores a la hora de detener el golpe de Estado del independentismo catalán en otoño de 2017. Y también ha quedado claro que fue la espontaneidad social de los españoles, de los ciudadanos de la nación española, manifestándose en la calle contra el proceso golpista y defendiendo el orden constitucional, la base para que actuaran las instituciones del Estado contra el proceso de rebelión del mesogobierno catalán.
Pero, nadie se engañe, hay algo más nítido que las anteriores conclusiones, a saber, el proceso golpista continúa vivo, porque el independentismo y el nacionalismo catalán no sólo siguen despreciando la Constitución, sino que tratan de sustituir su legitimidad democrática por otra de carácter totalitario. Además, el independentismo, hoy como ayer, sigue recibiendo respaldo ideológico de grandes medios de comunicación y, sobre todo, de algunos partidos políticos, supuestamente, defensores del orden constitucional. De ahí que sea trascendental para todos los españoles la sentencia del tribunal que juzga a los criminales que encabezaron el proceso de rebeldía. Será determinante esa sentencia no sólo para castigar al rebelde, sino sobre todo para reforzar el orden democrático.
Mientras los nacionalistas catalanes no asuman que no hay otra legitimidad que la basada en la Constitución, solo se podrá tratar con la fuerza legítima que surge del Estado de Derecho. La gran enseñanza de este juicio es sencilla de retener: quien pacta con los nacionalistas y separatistas corre el riesgo de ser tildado de colaboracionista y cómplice de los golpistas.