El Departamento de Seguridad Nacional (DSN), órgano dependiente del Gabinete de Presidencia, alertó al Gobierno sobre la gravedad del coronavirus antes hasta en once ocasiones antes del infausto 8 de marzo. De hecho, el seguimiento de la crisis a escala internacional y los problemas que estaban enfrentando países como Francia o Italia obligaron al DSN a crear una pieza separada en los informes diarios remitidos al Ejecutivo social-comunista ya a comienzos de febrero.
A finales de enero, en concreto el día 27, la crisis del coronavirus ya se consideraba la principal amenaza para España. Sin embargo, dos días después tuvo lugar la famosa rueda de prensa del inefable Fernando Simón en la que aseguró que aquí, “como mucho, no habrá más que algún caso diagnosticado”.
El 20 de febrero, el DSN advirtió nuevamente a Sánchez y a sus ministros de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estaba convencido de que el covid-19 era “el riesgo más apremiante para la economía global”. Pocos días después, un nuevo informe del organismo multinacional consignaba que el riesgo de propagación global del coronavirus era “muy alto”.
Finalmente, el 7 de marzo se puso en conocimiento de todos los ministros que la conferencia regional sobre economía azul de la Unión por el Mediterráneo, que iba a celebrarse en Barcelona, había sido cancelada debido a “las instrucciones sobre medidas de precaución y restricciones de viajes de nuestros participantes, y tras consultas efectuadas [a la Unión Europea]".
Así pues, en contra de las mentiras propagadas por Sánchez y sus secuaces, el Gobierno conocía perfectamente el enorme riesgo que suponía autorizar las manifestaciones radicales del 8-M en todo el territorio nacional; pero, en plena operación mediática para dar otra vuelta de tuerca a las leyes de género, Sánchez permitió esa ofensiva callejera izquierdista, aunque con ello se pusiera en riesgo la vida de miles de españoles.
El resultado de las decisiones del socialista Pedro Sánchez y el comunista Pablo Iglesias son más de 50.000 españoles muertos y una caída sin precedentes de la actividad económica y el empleo. Su sectarismo y abrumadora incompetencia han convertido a España en uno de los países que peor ha gestionado la crisis pandémica, con un coste económico y en vidas humanas que aún está muy lejos de sustanciarse.
No lo dice la oposición. Lo reflejan unos informes oficiales elaborados en el propio Palacio de la Moncloa que, si no estuviera en manos de una lacaya del infame Sánchez, la Fiscalía habría reclamado ya para abrir el correspondiente proceso judicial.