Tal y como habíamos advertido en estas mismas páginas, pero con una rapidez y una contundencia inesperadas, la Justicia ha tumbado las medidas liberticidas que el Ejecutivo había asestado a la Comunidad de Madrid con la excusa del coronavirus y con una armazón legal completamente chapucero, a la altura de su responsable directo, el todavía ministro de Sanidad Salvador Illa.
Es un varapalo tremendo para todo el Gobierno, especialmente por la forma en que los magistrados del TSJM recuerdan que Pedro Sánchez y los suyos se han negado a legislar para adoptar legalmente medidas acordes con la situación creada por la epidemia. Leyes que, por cierto, en su día prometieron presentar en el Parlamento, promesa que como todas las de este Gobierno, se han llevado el viento y las campañas de intoxicación del indeseable Iván Redondo.
Pero es sobre todo un revés descomunal para Illa, que no sólo ha quedado como una marioneta de las operaciones políticas de Sánchez contra Isabel Díaz Ayuso, sino que ha demostrado una vez más una ineficacia absoluta y una torpeza infinita. Este individuo de buenas maneras y malas acciones no está cualificado para ser ministro de nada, y menos aún de Sanidad durante la mayor emergencia sanitaria del siglo.
Por presentarse como candidato a las elecciones regionales catalanas, por destruir a la presidenta de la Comunidad de Madrid o por ambas cosas , Illa ha cambiado de opinión sobre las medidas sanitarias que debían aplicarse, pisoteado organismos como el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y, finalmente, tratado de imponer unas medidas bastante severas sobre más de cuatro millones de personas saltándose las leyes a la torera.
Esto es lo esencial de lo ocurrido: la Justicia ha parado en seco a un Gobierno que se cree con derecho de hacer lo que le dé la gana y cuando le dé la gana, para el que las leyes son meros instrumentos que retorcer a voluntad.
Sánchez y su banda se comportan como caciques de una república bananera. Afortunadamente, todavía hay jueces y tribunales que no están dispuestos a dejar que España quede completamente a merced de semejante hatajo de sociópatas.
Sea como fuere, a un ministro al que la Justicia da un bofetón de tal calibre sólo le queda un camino digno: el de la dimisión. Probablemente Illa no lo seguirá, y con ello quedará todo dicho sobre un individuo que jamás debió asumir unas responsabilidades para las que es obvio que no está capacitado ni técnica ni moralmente hablando.