"Pedro Sánchez quiere trasladar esta tarde a Pere Aragonès que el Gobierno cumplirá con las inversiones del Estado en Cataluña, dando cumplimiento a la disposición adicional tercera del Estatut, en los presupuestos generales del 2022". Las cursivas son mías; la noticia, de La Vanguardia de este miércoles. Un cumplimiento, ese de Pedro Sánchez al que parece querer adornar con toda la solemnidad posible en su visita a Barcelona, que cabría enunciar de modo bien distinto si el propósito de hacerlo público fuera compatible con compadecerse, siquiera un poco, con la verdad. En tal caso, la redacción de la noticia podría haber adoptado el siguiente tenor formal:
Pedro Sánchez, legítimo presidente constitucional del Reino de España, ansía anunciar al presidente de la Generalitat su decidido compromiso personal de convertir en papel mojado la sentencia firme del Tribunal Constitucional emitida en su día a propósito del Estatuto de Cataluña; en concreto, el presidente del Gobierno desea ofrecer al señor Aragonès todas las garantías de que lo contemplado en aquella decisión judicial sobre la muy manifiesta inconstitucionalidad de la disposición adicional tercera del referido Estatuto, allí donde Cataluña se arrogaba el inaudito derecho de ordenar a las Cortes Generales dónde y cómo se puede gastar el dinero de los presupuestos del Estado, se lo piensa pasar por el forro.
Porque de eso estamos hablando, de que, y por la vía de los hechos consumados, el Gobierno de España se compromete ante Esquerra Republicana y compañía a agraviar en público a la máxima instancia judicial de la Nación, la misma que había declarado enteramente nula la disposición de marras; enteramente nula, sí. Como no podría ser de otro modo, por cierto. Pues hasta un absoluto analfabeto jurídico puede entender a la primera lo aberrante e inconcebible de que una simple norma regional pretenda prevalecer en una materia de exclusiva competencia estatal.
Entendámonos: Pedro Sánchez dispone de la facultad de privilegiar a Cataluña porque ERC son sus socios, porque los catalanes le caen más simpáticos que el resto o, simplemente, porque le da la gana. Nadie (por desgracia) se lo puede impedir. Pero empecinarse en desacreditar al Tribunal Constitucional y sus sentencias a fin de regalarle un cheque a Aragonès, eso se acerca al colmo de la indignidad.