Siempre hay unos más iguales que otros, incluso en el PSOE, que irrumpió en la historia de España como el partido profeta de la igualdad sin libertad, sea ésta posible, o mentira, o tiránica o hipócrita. Se está viendo en las postrimerías de la pieza política del caso ERE, erre minúscula, la misma de rateros, de repugnantes y de reaccionarios (no hay nada más reaccionario que robar a la gente, a toda la gente de una nación) que, al final, los que van a pagar por el uso inmoral, ilegal y miserable de centenares de millones de nuestros euros van a ser los cuatro golfos cuya teoría empuñó sin miramiento alguno el presidente de la Junta y del PSOE, Manuel Chaves, contra sus subordinados jerárquicos.
Eso de remitir toda la responsabilidad a cuatro golfos no es nada nuevo en nuestra España. Siempre han sido cuatro golfos los que deben cargar con las penas, sobre todo las de cárcel. Eran cuatro golfos los que iban a vitorear a Nicolás Salmerón a la salida de Las Cortes y son cuatro los golfos (Pérez Reverte) que están exterminando el atún rojo en nuestras costas del Sur; se dijo que fueron cuatro golfos los que trataron de reventar la boda de Mercedes, hija de Alfonso XII con Carlos de Borbón Dos Sicilias, abuelo de Juan Carlos I, y eran cuatro golfos, Umbral incluido, los que no tenían una vida de calidad por disfrutar de una excelsa calidad de vida. Como se puede comprobar, los golfos siempre son sólo cuatro.
Reconozco que soy anómalo, atípico, desacostumbrado e incluso exótico. Ponerse a leer el voto particular de la sentencia del caso ERE —que no son dos, como se insiste para semejar multitud, sino sólo uno, asumido por dos magistradas—, el primer fin de semana que en Andalucía ha hecho fresquito y cuando sería preciso hablar del calvario de los españoles en Cataluña, es un contradiós.
Pero la justicia española está tan enferma que es predecible. Ya sabíamos la composición de la Sala de lo Penal encargada del caso y conocíamos que entre sus miembros estaban las magistradas Ana María Ferrer García y Susana Polo García, ambas vinculadas a Jueces para la Democracia. Intuimos que, de haber confirmación de la sentencia de la Audiencia de Sevilla, era precisa la irrupción de un voto particular o dos para fundamentar los posibles recursos de amparo posteriores o, en su caso, la petición y justificación del indulto. Y así ha sido. No es que seamos muy listos, es que la enfermedad ideológica de la justicia española lo hace previsible.
Pero el voto particular de Ana María Ferrer García, al que se adhirió Susana Polo, contiene una bomba de relojería en su argumentación. En realidad, ambas consideran que no cabe aplicarse el delito de malversación, no a todos, sino a algunos de los condenados. Según este voto, no existió en los condenados José Antonio Griñán Martínez, Carmen Martínez Aguayo, Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jesús María Rodríguez Román y Francisco Vallejo Serrano ningún tipo de dolo (intencionalidad al cometer el hecho delictivo y consciencia de sus consecuencias), ni siquiera el dolo eventual. ¿Y qué es esta clase de delito doloso? Pues el que cometen quienes saben que de su delito pueden derivarse o no daños –en el caso, para los fondos públicos—, pero aún así lo perpetran.
Independientemente de la sorpresa que produce la afirmación de que Griñán y su corte de listísimos no supieran con claridad lo que el consejo de Gobierno, todo él, estaba haciendo –nada más ser presidente de la Junta el propio Griñán cambió el procedimiento usado en los ERE por inadecuado—, lo verdaderamente escandaloso es que limita el delito doloso de malversación de caudales públicos a quienes formaban parte de la Consejería de Empleo, no a todo el gobierno con su presidente a la cabeza. Esto es, sólo malversaron los subordinados jerárquicos de dicha Consejería que idearon y pusieron en marcha el plan de saqueo de los fondos públicos para beneficio del PSOE y sus amigos. Las magistradas no reparan en que en cualquier gobierno tal cosa es imposible, pero adelante con los faroles.
Y verán cómo se llega a lo de los cuatro golfos. De todos los imputados por malversación con penas de cárcel, en este voto particular se considera indultables a los cinco ya mencionados encabezados por Griñán. En el caso de que Pedro Sánchez se atreva a perpetrarlo y dado que el Tribunal Supremo ha absuelto a otros tres más, los que deberían ir a la cárcel por desamparo legal son José Antonio Viera, exconsejero de Empleo; Antonio Fernández, exconsejero de Empleo; el oportunísimamente muerto Francisco Javier Guerrero, ex director general de Empleo; Juan Márquez, ex director general de Empleo (con la pena reducida de 7 a 3 años) y Agustín Barberá, ex viceconsejero de Empleo.
Si suman, y restan al finado, verán que quedan cuatro. Esos son los cuatro golfos que van a ir a la cárcel a pesar de que todos, desde el propio Manuel Chaves al último golfo, han sido condenados por prevaricación, esto es, por haber puesto en marcha un procedimiento arbitrario de concesión de ayudas a sabiendas de la injusticia del mismo e incompatible con el ordenamiento jurídico de forma grosera, notable, flagrante y clamorosa, dice la jurisprudencia. Pero por ese delito no se va a la cárcel.
¿Qué harán los "cuatro golfos" a los que el voto particular de las juezas para la "democracia" quiere hacerles pagar el pato del caso ERE? ¿Aceptar el presidio a cambio de promesas de ayudas clandestinas, exigir el mismo indulto que se supone van a conceder a otros o tener un último acto de dignidad cantando de plano cómo fue, quiénes fueron, cuánto fue en realidad y quiénes dieron las órdenes? Francisco Javier Guerrero, que ya probó la trena, habría cantado porque ya trinó lo del "fondo de reptiles" y otras canciones, pero miren por donde, murió en octubre de 2020. Pero, ¿es la muerte el final?