Este pasado fin de semana hemos recogido en Libertad Digital el testimonio de otra víctima de la llamada okupación, una ciudadana de origen ucraniano cuya vivienda no puede utilizar al estar habitada ilegalmente por una familia que se niega a abandonarla. Es tan solo un caso más de los casi 20.000 que se producen cada año en España, según las cifras oficiales que maneja el Ministerio del Interior, un escándalo jurídico y un verdadero drama para esos miles de propietarios a los que se ha despojado de sus bienes con la connivencia del Gobierno socialcomunista.
La ocupación ilegal de viviendas era hasta hace bien poco un delito prácticamente desconocido en nuestro país, reducido prácticamente en su totalidad a la apropiación indebida de inmuebles públicos abandonados. Sin embargo, la irrupción de la ultraizquierda en la escena política y, sobre todo, su llegada al poder, han impulsado esta actividad delictiva hasta convertirla en uno de los problemas sociales más lacerantes de la actualidad.
El cambio radical en la etiología de este delito tiene que ver con la falsa concepción impuesta por la izquierda, según la cual la ocupación ilegal es tan solo la consecuencia inevitable del encarecimiento de la vivienda en España. Sin embargo, como demuestra la realidad y recogen las cifras oficiales, se trata de mafias organizadas que en no pocos casos degradan el entorno vecinal donde se instalan, creando graves problemas de inseguridad gracias a la permisividad de la legislación impulsada por Sánchez y sus aliados ultraizquierdistas.
No contentos con haber deteriorado escandalosamente las bases fundamentales del derecho a la propiedad, el Ejecutivo socialcomunista pretende ampliar aún más el amparo legal al que se acogen las mafias de okupas, sin que los propietarios de los inmuebles allanados puedan combatirlas de manera efectiva desde el plano judicial.
Para los podemitas, la okupación es un derecho que debe ejercerse con entera libertad, lo que no pasaría de ser otra sandez siniestra de tantas como evacuan los bolivarianos si no fuera porque Sánchez los ha instalado en el Gobierno. Desde allí, sus ataques a los pilares fundamentales de la vida en libertad se convierten en mandatos que impregnan las leyes de manera estructural con el resultado que estamos padeciendo.
La futura ley de vivienda, un despropósito aberrante que solo podría adquirir carta de naturaleza si la izquierda se hace finalmente con el control del Tribunal Constitucional, es el último aldabonazo de una operación devastadora que amenaza con extender al resto de España los estragos que sufren los propietarios de viviendas en Cataluña, una de las regiones europeas más damnificadas por las mafias de la okupación.