Los hechos deberían ser a estas alturas bien conocidos: a primera hora de la mañana del pasado 24 de junio, unos 2.000 inmigrantes, la mayoría de origen sudanés y algunos provistos de garfios, mazas y piedras, llegaban al paso fronterizo del barrio Chino de Melilla sin apenas resistencia de la policía marroquí. Mientras algunos trataban de derribar los portalones a base de mazazos, un par de centenares se encaramaron a la alambrada, que se desplomó por el peso. También las puertas terminaron por ceder, momento en que se produce una avalancha que acabó dejando decenas de cuerpos —las imágenes no permiten concluir si muertos o todavía vivos— a ambos lados de esas puertas, en una zona que el Ministerio del Interior se niega a reconocer como territorio español y al que califica de "zona operacional conjunta". Asimismo, la tardía pero contundente intervención de la policía marroquí también produjo heridos, tanto entre los gendarmes como entre los inmigrantes a los que se enfrentaban.
El hecho de que este luctuoso acontecimiento, en el que perdieron la vida 23 inmigrantes —cifra que las ONG elevan a más de 70—, fuera fundamentalmente consecuencia del propio intento de los inmigrantes de entrar masiva e ilegalmente en nuestro territorio no debe llevar a nadie a dejar de lamentar tan triste final para una pobre gente que, a la postre, sólo trataba de huir de la pobreza y de los conflictos de sus países de origen. Ahora bien. Una cosa es lamentar la tragedia y otra, muy distinta, utilizarla para tratar de criminalizar al gobierno y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con el objetivo de debilitar, no ya el derecho, sino el deber que tienen nuestro gobierno y nuestras fuerzas policiales de proteger nuestras fronteras territoriales frente a quienes quieren cruzarlas de forma violenta e ilegal.
Otro tanto se podría decir de las acusaciones que tratan de criminalizar las llamadas "devoluciones en caliente". Parece cierto que hubo gendarmes marroquíes que accedieron, ya sea a la parte española, ya sea la llamada "zona operacional conjunta"; pero lo hicieron para ayudar a devolver a Marruecos a los migrantes que habían logrado cruzar, actuación respaldada tanto por sentencias del Tribunal de Estrasburgo como por el propio articulo 58.3 de la Ley de Derechos y Deberes de los Extranjeros en España.
A este respecto, siempre hubiera sido deseable una mayor claridad y una defensa más desacomplejada de la actuación policial española por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que también cabe exigir mayor presencia policial a la hora de proteger nuestras fronteras y mayor cooperación de Marruecos a la hora de un esperar que los migrantes se acinen ante la verja para llevar a cabo sus actuaciones. Lo que no es de recibo, sin embargo, es sumarse a la repugnante campaña de desprestigio de la BBC a la que lógicamente se han sumado los enemigos internos de España, como son los proetarras de Bildu, los golpistas de Esquerra y de la CUP o la extrema izquierda podemita. Que estas formaciones sean las primeras interesadas en desprestigiar a nuestro Estado de derecho y cuerpos y fuerzas de seguridad del estado es tan lógico como indecente sería que el principal partido de la oposición se sumara a ellos ejerciendo de "tonto útil" contra un gobierno que tiene a estas formaciones antisistema como principales aliados.
Además del nulo sentido de Estado que conllevaría una eventual petición de dimisión de Marlaska por esta tragedia, el PP quitaría credibilidad a las muchas razones por la que sí sería exigible y desde hace mucho tiempo el cese de este funesto ministro. Razones que van desde la bochornosa y fulminante destitución del encomiable coronel Pérez de los Cobos, pasando por la falsa agresión homófoba en Madrid o el repugnante trato de favor a los presos etarras.
Grande-Marlaska debe dimitir, pero no por una tragedia con la que sus socios de gobierno buscan tanto debilitar nuestra nación como Estado de derecho como sacar tajada en los Presupuestos.