Vaya por delante que este diario no ha sido nunca partidario de que los casos de corrupción que puedan afectar a los distintos partidos políticos se sustraigan de los Tribunales de Justicia para ser abordados por los parlamentos en circenses comisiones de investigación cuyas conclusiones salen adelante por razones de mayorías aritméticas y no por razones de Justicia.
Ahora bien: de la misma forma que la izquierda ha recurrido reiteradamente a las comisiones de investigación contra sus adversarios políticos —en estos momentos PSOE y Podemos planean activar en plena precampaña de las elecciones municipales y autonómicas de mayo la cuarta comisión de investigación relativa al PP que abrirá el Congreso desde 2019, en concreto la que se encargará de revisar, de nuevo, supuestas tramas parapoliciales en el Ministerio del Interior durante el primer gobierno de Rajoy—, el PP de Feijóo tiene el mismo derecho a registrar una comisión de investigación en el Senado, como cámara territorial, para que se investigue la presunta corrupción del presidente valenciano, Ximo Puig.
A este respecto, téngase en cuenta los clamorosos indicios que apuntan, tal y como adelantó en su día Libertad Digital, que el socialista pagó presuntamente actos del PSOE con dinero público o que subvencionó a una de las empresas implicadas en el caso Azud. Las investigaciones de la Guardia Civil revelan también la existencia de un entramado de empresas que se beneficiaba de la adjudicación fraudulenta de contratos en la entidad pública Acuamed, a cambio de pagar gastos electorales de los socialistas valencianos. Una de estas mercantiles, Cronosport, llegó a financiar la campaña de publicidad del propio Ximo Puig cuando se presentó a las primarias del PSOE de 2008, en las que resultó elegido como candidato a la comunidad valenciana.
Lo que no es de recibo es que, por razones arteras, se hayan abierto comisiones de investigación contra el PP y ahora se guarde un clamoroso silencio ante indicios tan abrumadores que apuntan a la corrupción del PSOE. Teniendo en cuenta que se trata de la Comunidad Valenciana, cabe recordar también cómo algunos dirigentes del PP en esta región, como Francisco Camps o Rita Barberá, tuvieron que dimitir y sufrir un calvario mediático judicial del que luego salieron absueltos en los tribunales.
Y es que, hasta la fecha, el único compromiso de la izquierda en la lucha contra la corrupción ha sido el de ver —o incluso inventarse— la paja en el ojo ajeno y no ver —ni querer que se vea— la viga en el propio.