¿Qué les pasa a políticos, intelectuales, periodistas y faranduleros de la capital del reino con el problema lingüístico en Cataluña? ¿Por qué Madrid es una agujero negro que engulle cuanto llega del nacionalismo lingüístico hasta hacerlo desaparecer sin dejar rastro? O peor aún, restando importancia a su letalidad. ¿Por qué se empeñan en dar credibilidad al victimismo lingüístico catalanista y se la restan a quienes de verdad sufren su supremacismo?
Podría entenderse la pájara al inicio de la Transición. La dictadura franquista pesaba mucho en la formación emocional de las generaciones que la sufrimos. Pero hoy, después de cuatro décadas y evidencias empíricas incontestables, no hay razón alguna que la justifique. Aunque ha cambiado mucho desde el procés del 2017, no hay un ambiente sociológico crítico a su dimensión xenófoba, ni propicio a la denuncia cruda.
Viene a cuento mi extrañeza porque una persona lúcida y ecuánime como Ignacio Varela frivolizaba el pasado sábado en su espacio Sospechosos de Onda Cero sobre el conflicto lingüístico en Cataluña a propósito de la campaña del Ayuntamiento de Salt y otros municipios de Gerona destinada a eliminar "el mal hábito" de utilizar el castellano. La ocurrencia consiste en hablar siempre en catalán durante 21 días seguidos, incluso cuando tu interlocutor no te entienda.
Como si fuera una melonada sin mayor trascendencia, restaba importancia a la medida sin reparar que la lengua del poder en Cataluña es el medio para adoctrinar, el estigma para excluir, o el salvoconducto para ser. Con consecuencias laborales y exclusión social irreversibles. Sostenía Ignacio Varela (creo que merece la pena escucharlo porque, en un mar de aciertos, distorsiona la realidad en lo fundamental):
Para mí un idioma no es una bandera ni una religión ni un arma de guerra, sino una herramienta que sirve para comunicar o no sirve para nada. […]. Es inútil intentar destruir [el bilingüismo connatural de Cataluña] desde el poder político. Ni Franco logró en 40 años extirpar el catalán ni los nacionalistas en 100 años extirparán el castellano del habla de los catalanes, porque ambas lenguas forman parte de su ser. Por eso me parecen ridículos los panfletos de esos alcaldes pueblerinos intentando imponer las tres semanas monolingües, pero también los aspavientos del nacionalismo español clamando que el castellano está en peligro en Cataluña, que no lo está en absoluto. Y también me parece estúpido por ambos bandos inventarse una competición [entre el español y el catalán]. Todo lo demás es demagogia cateta.
Primera distorsión: efectivamente, "El castellano no está en peligro en Cataluña", lo que está en peligro son los derechos civiles castellanohablantes. Para ser más exactos, hace años que están conculcados.
Segunda distorsión: "Me parece absurdo por ambos bandos [catalanistas y españolistas] inventarse una competición [entre el castellano y el catalán]". No hay tal competición, sólo la imposición supremacista del poder político nacionalista a una parte de la población abandonada por todos. Incluido el propio Gobierno de España. Sin pretenderlo, cae en la insidia del nacionalismo recogenueces vasco de los años de plomo, cuando ponderaba una relación equidistante entre el terrorismo de ETA y el radicalismo del PP (y PSOE), como si fueran dos extremos que se retroalimentaban. En realidad, unos asesinaban y otros eran asesinados. Como ocurre en Cataluña con la exclusión lingüística.
Tercera distorsión: "Para mí un idioma no es una bandera ni una religión ni un arma de guerra". Para usted no lo será, pero para los nacionalistas es el ADN, el arma de guerra para marcar territorio como lo fue la religión en la guerra de los Balcanes.
Cuarta distorsión: "Me parecen ridículos los panfletos de esos alcaldes pueblerinos intentando imponer las tres semana monolingües". No son cuatro "catetos" quienes han diseñado y llevan a cabo este apartheid lingüístico, es el poder político generalizado en Cataluña desde el primer gobierno de Jordi Pujol en 1980 (la inmersión o el Programa 2000 no fueron obra de cuatro catetos, sino del gobierno de Cataluña). TV3, Cataluña Radio, toda la prensa pública y la subvencionada (acuérdese de los 12 Editoriales de 2009), la escuela (no olvide que los maestros son el verdadero ejército nacional de Cataluña) y la insurrección contra las sentencias judiciales, no la llevan a cabo los alcaldes mindundis (sólo), sino el poder político y todos sus tentáculos culturales, institucionales, religiosos y deportivos. El propio Barça es una infraestructura de Estado al servicio de la construcción de una nación étnica. El penúltimo espejo donde se refleja el oasis putrefacto de la corrupción económica y moral. Siempre parapetada tras el chantaje moral y el victimismo. ¡Cuánto recuerda la indignación moral sobreactuada de Joan Laporta de estos días con la de Jordi Pujol de 1984 cuando se vio acorralado por la corrupción de Banca Catalana: "A partir de ahora, cuando alguien hable de ética y de moral, hablaremos nosotros!". "Culés, —dice ahora Laporta— estad tranquilos. El Barça es inocente de lo que se le acusa y víctima de una campaña contra su honorabilidad en la que ya están todos (por el Madrid). […]. El Barça es un club de valores. [..]. Tengo muchas ganas de enfrentarme a los que manchan nuestro escudo". Y en el colmo del victimismo, transfieren la culpa a los demás: "Pagamos para defendernos". Campañas como la de Salt se cuentan por miles a lo largo de las últimas cuatro décadas; desde vigilar que los niños no hablen español en el patio del colegio a las parejas y tríos lingüísticos para persuadir mediante erotismo subliminal la adhesión a la nación con la disculpa de la lengua.
No. No es tema menor de cuatro alcaldes catetos, es un diseño de ingeniería social con consecuencias xenófobas, llevado a cabo de forma sistemática desde 1980 y contando con la totalidad de los presupuestos de estos 43 años de gobierno nacionalista. Sólo en política lingüística llevan invertidos 20.000 millones de euros. No para normalizar la lengua catalana, sino para que una casta integrista monopolice el poder y excluya a cuantos consideran colonos por utilizar la lengua común, a pesar de ser ciudadanos con derechos civiles como ellos.