María Gámez ha sido la primera mujer en estar al frente de la Guardia Civil en los casi dos siglos de historia que tiene la institución. Accedió al cargo en enero de 2000, en un acto marcado por la ausencia de Margarita Robles, después de que el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, rompiera la tradición de consultar con el máximo responsable del Ministerio de Defensa la designación del director general del Instituto Armado. Y dimitió del cargo este miércoles.
Lo hizo en una comparecencia en la Dirección General en la que estuvo acompañada y apoyada por cuatro tenientes generales de la Guardia Civil, el mayor rango que se puede alcanzar en el Instituto Armado. Una imagen que llamó mucho la atención dentro y fuera de la institución, teniendo en cuenta que Gámez dejó el cargo cercada por la trama del caso Mediador y las investigaciones judiciales a su marido, imputado en una causa asociada al caso de los ERE.
La pregunta que muchos se han hecho es por qué esos cuatro altos mandos del Instituto Armado, encabezados por el número dos del cuerpo, el Director Adjunto Operativo (DAO), teniente general Pablo Salas Moreno, aparecieron respaldando a Gámez, como uniendo su prestigio al futuro político o judicial que pueda tener una dirigente política que proviene del socialismo andaluz, manchado por el estigma de la corrupción y con varias causas asociadas a los ERE todavía pendientes de juzgarse.
Un acto que tiene lugar en un momento además en el que la sombra de la corrupción planea décadas después sobre la institución, recordando a la oscura época del ya fallecido Luis Roldán. Se investiga las reformas que se llevaron a cabo en 13 comandancias del Instituto Armado, además de cómo se realizaron algunas compras de material en la institución. El caso apunta a dos generales retirados: Pedro Vázquez Jarava y Francisco Espinosa Navas (que se encuentra en prisión).
Unas correrías que se habría llevado a cabo de la mano del exdiputado del PSOE en el Congreso Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, y con una mediático mediador de por medio, que han sacado a la luz pública imágenes que vuelven a retrotraer a la época en la que Luis Roldán y los suyos consiguieron poner en jaque el prestigio que la institución había conseguido con el sacrificio de sus efectivos desde el mismo día de su fundación en mayo de 1844.
Gámez ha sido la primera mujer directora general de la Guardia Civil y la primera que dimite de su cargo por causas relacionadas con la corrupción desde Luis Roldán. Y, precisamente, como con Luis Roldán, la Benemérita ha pasado por alguno de los episodios más difíciles de su historia durante su mandato. El más duro de todos ocurrió en mayo de 2020 y acabó con la dimisión del por entonces número 2 del cuerpo.
La dimisión del entonces DAO, teniente general Laurentino Ceña, se produjo 24 horas después de que Marlaska y Gámez cesaran de forma fulminante al jefe de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por haberse negado a facilitar a Interior datos sobre el informe que se había elaborado por petición de un juzgado sobre si hubo prevaricación o no al permitir la manifestación del 8-M al inicio de la crisis sanitaria del coronavirus.
Una información que no podía facilitar al estar trabajando sus subordinados como policía judicial, a las órdenes de un juez. Un episodio por el que también terminó cayendo el entonces número tres del Instituto Armado, el teniente general Fernando Santafé, señalado como el alto mando que llamó a Pérez de los Cobos para presionarle por orden de Gámez para que diese a Interior la información que ni podía ni debía dar.
Pero no sólo ha habido grandes tormentas, sino también más modestas, que también han ayudado a crear un clima enrarecido en el seno del Instituto Armado. Más allá del intento fallido de beneficiar a las mujeres en las pruebas de acceso al cuerpo, que fue dinamitado por el Ministerio de Defensa, ha habido ejemplos claros de falta de respaldo y de injerencias en el hacer de los altos mandos que todavía no han sido resueltas.
El último caso fue la destitución del coronel de la Comandancia de Melilla. Marlaska y Gámez le fulminaron sólo dos meses después de tomar posesión del cargo por negarse a expedientar a varios de sus agentes, a los que la justicia había respaldado en su actuación en la tragedia de la valla de junio de 2021, en la que fallecieron varios inmigrantes en el lado marroquí, porque Interior quería vender ante sus socios de Podemos, ERC y EH Bildu que los había sancionado.
Casi dos meses después de aquello, el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil no han encontrado un candidato que quiera ponerse al mando del Instituto Armado en Melilla. Son varios coroneles los que se han negado a ir al destino. Saben que no van a contar con el apoyo de sus jefes si Marlaska aprieta por conveniencia política y, precisamente, Melilla es una plaza donde tarde o temprano van a necesitar ese apoyo.
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