El Congreso de los Diputados ha sacado adelante la reforma de la ley del "sólo sí es sí" en una sesión bochornosa e indignante. Han tenido que pasar siete meses, un centenar de excarcelaciones y un millar de rebajas de condenas (y subiendo) para que el grupo socialista y la parte del Gobierno que controla Pedro Sánchez haya decidido poner fin a la sangría de beneficios penales a violadores y criminales sexuales con el indispensable concurso del PP. Y ese presidente del Gobierno que a comienzos de semana decía que "si hay que pedir perdón a las víctimas, se pide" ni siquiera ha tenido la decencia y el decoro de estar presente en el hemiciclo para votar. Ha preferido ir a hacer electoralismo de baja estofa al parque natural de Doñana.
Sánchez debería ser el primero en dimitir y convocar elecciones por la suelta en manada de violadores, pero no sin antes degradar y cesar a las que se erigen en autoras intelectuales de semejante despropósito. Sánchez es el principal responsable de las rebajas de condenas y de las excarcelaciones gracias a esa ley que la ministra Montero, María Jesús, no Irene, defendía como una "gran conquista del feminismo". El mismo Sánchez definió en su momento semejante atrocidad de norma como "un hito" y una "ley de vanguardia" tras darle su visto bueno en el Consejo de Ministros.
Porque la ley del "sólo sí es sí" no fue fruto del delirio ignorante y cómplice de Irene Montero y sus secuaces, sino una norma del Gobierno defendida con inusitado ardor hasta hace diez minutos por destacados miembros socialistas tanto del Ejecutivo como del grupo parlamentario. Una ley, decían, que protegía a las víctimas de los crímenes sexuales, mujeres, niños y niñas, mientras los condenados por esos delitos se beneficiaban de una chapuza legislativa sin parangón en el mundo civilizado. Durante todo este tiempo, miles de víctimas han sufrido y han revivido sus dramáticas historias en la más pura indefensión y abandono al tiempo que los autores de esos delitos gozaban de las mieles una legislación criminal a la altura de sus crímenes.
Siete meses, siete, ha tardado Sánchez en admitir su error y enmendar, en parte, el desastre. Es el mismo presidente del Gobierno que se cargó el delito de sedición y reformó el de malversación para beneficiar a sus socios golpistas por la vía de urgencia. Claro que en ese caso estaba en juego su permanencia en la Moncloa, no los derechos de las víctimas de delitos sexuales. Como normal general, con un Gobierno de estas características, insensible al dolor de las víctimas de violadores y pederastas, no se debe llegar a ningún acuerdo, pero el desastre es de proporciones tan descomunales que la ley del "solo sí es sí" es una excepción. Era y es urgente parar el chorreo de revisiones de condenas y de sentencias arbitradas a la "luz" de semejante despropósito en beneficio de auténticos monstruos. De ahí el apoyo del PP, que debería dejar claro que en cuanto llegue al poder desmontará todo vestigio socialpodemita en la materia.
La ausencia de Sánchez y sus ministros, con la excepción obligada de la titular de Justicia, Pilar Llop, y los vestidos lilas y pucheros de Belarra e Irene Montero, son el cuadro del horror. La expresión descarnada de la ausencia de sensibilidad del Ejecutivo. Decía Irene Montero que ha sido su día más triste como ministra y un atentado contra el feminismo. ¿Sí? Pues el momento en el que entre en vigor de la reforma será todo lo contrario para las mujeres víctimas de los violadores y para la infancia asediada por los pederastas.
Que no se olvide el "legado" del ausente y de las feministas del postureo de las prendas moradas. Aquí no estaba en juego el poder de Unidas Podemos o la autoridad de Sánchez, sino la seguridad de niños y mujeres y la reparación de las víctimas. Recuerden: mil rebajas de condenas, cien criminales excarcelados y siete meses para cambiar una ley criminal a la que se podrán seguir acogiendo los delincuentes que hayan cometido toda clase de barbaridades hasta que no se promulgue oficialmente la reforma.