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EDITORIAL

Una fiscalía servil que sólo dice sí al Gobierno

Como se le escapó en su día a Pedro Sánchez, el gobierno manda en la Fiscalía. Y, desde entonces, García Ortiz no ha hecho otra cosa que confirmarlo.

No faltarán quienes centren su atención en el monumental varapalo que, ciertamente, se ha llevado la arrogante e incompetente ministra de Igual da, Irene Montero, con la decisión del Pleno del Tribunal Supremo de rechazar por unanimidad los antijuridicos recursos de la Fiscalía contra las rebajas de condenas a agresores sexuales provocadas por la entrada en vigor de la funesta Ley del "solo sí es sí", que durante tanto tiempo respaldó el presidente del Gobierno.

Ahora bien. No son sólo los ignaros Montero y Sánchez los que han quedado mal parados por este pronunciamiento del Tribunal Supremo sino, sobre todo, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, quien, con tal de agradar al Ejecutivo, había fingido ignorar en esos recursos un principio elemental de cualquier Estado de derecho como el que exige el efecto retroactivo de aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. Y es que lo más bochornoso de estos recursos del Ministerio Público contra la revisión de penas no es que se deban a ignorancia jurídica sino a puro servilismo hacia el incompetente Ejecutivo que impulsó esa funesta legislación. Y prueba inequívoca de ello es que, además del propio Consejo General del Poder Judicial, fue el propio Fiscal General del Estado el que tuvo que reconocer en su día que esta ley conllevaría la revisión de penas.

Si lo anterior es razón más que suficiente para que el Fiscal General del Estado presentara hoy mismo su dimisión, no lo es menos su burda maniobra para nombrar a la exministra de Justicia socialista y ex Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, como Fiscal de Sala de "Derechos Humanos y Memoria Democrática". Al margen de que se trata de una plaza creada ad hoc por el gobierno para buscar a Delgado un acomodo a su gusto y recompensarla por los servicios prestados, esta sala tiene toda la pinta de ser un comisariado político más dispuesto a imponer los delirios ideológicos de la sectaria y liberticida Ley de Memoria Democrática del Gobierno que a velar por la Justicia. Por si fuera poco, nunca se ha designado a una fiscal de Sala, la categoría más alta, después de que un gobierno haya anunciado la disolución de las Cortes y la entrada en periodo electoral. Eso, por no recordar que Delgado es pareja sentimental de Baltasar Garzón, responsable de un despacho de facturación millonaria especializado en las mismas materias que van a ser competencia de la fiscal de Sala porque ella así lo ha planteado en su programa de actuación. Por estos y muchos otros motivos no es de extrañar que la Asociación de Fiscales haya solicitado este miércoles la dimisión del Fiscal General del Estado en un comunicado en el que denuncia que "el deterioro de la imagen institucional del Ministerio Fiscal ha alcanzado uno de sus límites más altos".

Lo bochornosamente evidente es que, tal y como se le escapó en su día a Pedro Sánchez, el gobierno manda en la Fiscalía. Y desde entonces García Ortiz no ha hecho otra cosa que confirmarlo.

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