El paseo de Gracia de Barcelona fue el lugar elegido para una de las manifestaciones más multitudinarias convocadas en la ciudad condal en los últimos años. Bajo el lema "No en mi nombre: ni amnistía ni autodeterminación", decenas de miles de personas colapsaron el centro de Barcelona en una concentración histórica contra los acuerdos de Sánchez con los separatistas para garantizarse la investidura. La habitual discrepancia en el recuento de participantes no puede ocultar un éxito que deja aún más en ridículo las manifestaciones orquestadas por las fuerzas secesionistas los pasados 11 de septiembre y 1 de octubre, a pesar de que, en esta ocasión, la convocatoria partía de una entidad privada como Sociedad Civil Catalana, constituida al margen de los partidos políticos.
El día señalado para esta demostración constitucionalista no podía haber estado mejor elegido. El propio Sánchez se encargó el pasado viernes de dar aún más sentido a esta cita al reconocer públicamente, por primera vez, que está dispuesto a conceder una amnistía a los autores de la intentona golpista del 1 de octubre de 2017, tal y como le pide el prófugo de la Justicia española Carles Puigdemont. El presidente en funciones lo hizo, además, aprovechando la solemnidad de un importante acto internacional como fue la clausura del encuentro de líderes europeos celebrado en Granada. En ese contexto y en presencia de los presidentes del Consejo y la Comisión Europea, Charles Michel y Úrsula von der Leyen, Sánchez se refirió a la amnistía de los golpistas del procès afirmando que: "No deja de ser una forma de superar las consecuencias judiciales de la situación que se vivió en España con una de las peores crisis territoriales que hemos vivido", todo un reconocimiento expreso de que está dispuesto a pasar por el aro de Puigdemont en este circo en que el PSOE ha convertido las negociaciones para mantener a flote el sanchismo.
Sánchez quiere presentar como un acto necesario de concordia lo que no es más que un abuso de su posición para garantizarse la permanencia en el poder. Se trata, sencillamente, de comprar los cinco votos que le faltan para ser investido, aunque para ello tenga que vulnerar el espíritu y la letra de la Carta Magna. El presidente en funciones está dispuesto a acabar con el imperio de la ley y a darle la razón a los golpistas catalanes, pergeñando una norma ad hoc en la que el Estado reconocerá que no cometieron delito alguno cuando se rebelaron contra el orden constitucional y los derechos fundamentales de millones de españoles, incluida más de la mitad de los ciudadanos catalanes. Para ello cuenta, además, con el voto a favor de la mayoría izquierdista en el Tribunal Constitucional, dispuesta a validar cualquier desafuero de su líder como hemos visto bien en ocasiones recientes, en caso de que esa aberración legal sea recurrida ante el alto tribunal.
Pero los ciudadanos españoles, y muy especialmente los que viven en Cataluña, que son los que sufren de primera mano los rigores de la dictadura nacionalista, no van a permitir que Sánchez premie a los golpistas catalanes para que unos y otros se salgan con la suya. La falta de escrúpulos en esta negociación de Sánchez con Puigdemont es tan obscena, que sorprende que no haya concitado aún más rechazo entre las propias filas socialistas, lo que deja bien a las claras que el PSOE ha dejado de ser un partido constitucional para convertirse en una maquinaria de odio dedicada exclusivamente a mantener a su líder en el poder.