La falta recursos económicos de algunas regiones y los enormes desequilibrios en el actual sistema de financiación autonómica están siendo utilizados por Sánchez para socavar la oposición frontal de las autonomías en manos del PP a su pacto para la soberanía fiscal de Cataluña. Decidido a acabar con cualquier conato de disidencia interna en su partido, a Sánchez le bastaría con vencer la resistencia de algunos gobiernos regionales para fracturar el rechazo unánime a sus planes con el separatismo catalán. En este contexto, el acuerdo firmado por Feijóo con los 11 presidentes autonómicos de su partido, en el que rechazan cualquier negociación bilateral con Sánchez, resulta esencial para impedir el otorgamiento de nuevos privilegios a la Generalidad catalana en contra de la Constitución y de los principios más elementales de solidaridad entre territorios.
El actual sistema de financiación autonómico tiene deficiencias que provocan importantes desequilibrios entre unas regiones y otras. Se trata de un problema que surge tras la aplicación de la reforma de Zapatero en 2009, y que Rajoy no afrontó, en parte, por la situación de quiebra en la que el gobierno socialista dejó España al salir del poder. Sánchez ha tenido también seis años para afrontar esta asignatura pendiente de nuestro sistema territorial pero es ahora, cuando necesita imperiosamente comprar tiempo a los separatistas catalanes, cuando saca a la palestra un asunto que no puede gestionarse desde el oportunismo y la improvisación.
Cualquier modificación del sistema de reparto de fondos entre las autonomías requiere la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que están representadas todas las autonomías del régimen común bajo la presidencia del ministerio de Hacienda. Es ahí donde se han de plantear y debatir las distintas propuestas de reforma del sistema, con luz y taquígrafos, para que no haya ninguna sospecha de trato de favor en función del color político o la afinidad ideológica de unos y otros. Lo que pretende Sánchez, en cambio, es organizar reuniones bilaterales con cada presidente autonómico, para tratar de arrancar su apoyo a cambio de dinero en una especie de subasta, orquestada a espaldas del resto de gobiernos autonómicos y de los ciudadanos.
La tentación de solventar de un plumazo los graves problemas financieros que aquejan a las autonomías peor tratadas (todas ellas en manos del PP) podría ser demasiado fuerte para unos presidentes regionales que ven cómo cada año aumenta su déficit para atender las necesidades vinculadas, sobre todo, al Estado del Bienestar. Pero los populares, con Feijóo a la cabeza, han entendido que lo importante en estos momentos no es mejorar las cuentas públicas regionales sino impedir una atrocidad política, económica y social como la que pretende Sánchez, entregando al separatismo catalán todos los recursos que el Estado genera en Cataluña.
Por lo demás, todos deberíamos tener presente que la mejora de financiación anunciada por el Gobierno se realizará, si finalmente se pone en marcha, a través de una importante subida de impuestos que afectará a amplias capas de la población y no únicamente a los propietarios de coches de lujo, como dijo Sánchez insultando una vez más la inteligencia de los votantes, al menos a los del resto de partidos.
Más desequilibrio y más impuestos es la propuesta de Sánchez para que populares y separatistas le permitan seguir unos meses en el poder. Al margen de lo que hagan con él en su partido, el PP ha dado un ejemplo de firmeza fijando una posición unánime de todas sus autonomías, aunque eso implique un perjuicio económico a corto plazo.