El apetito del gobierno por fagocitar organismos e instituciones parece no tener límite, pero que este delirio se produzca con los sindicatos plantea problemas de mayor alcance. Los sindicatos tienen otorgada una misión que deben de cumplir rigurosamente.
Nuestra Constitución, establece: "Los sindicatos de trabajadores… contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios" [Artículo 7]. Con esa misión, los Sindicatos se conforman como el órgano de representación de los trabajadores, en defensa de sus intereses.
La parquedad lógica del texto constitucional, con el reconocimiento, además, de que "Todos tienen derecho a sindicarse libremente" [Artículo 28], plantea una cuestión fundamental, advertida ya por San Mateo: "Nadie puede servir a dos señores…" [Mt 6-24].
Soy consciente de que depender de subvenciones crea un vínculo inicial de dependencia del que hay que liberarse para, con dignidad, ejercer la misión otorgada y la confianza recibida de los trabajadores afiliados y no afiliados.
Por eso, resulta prudente recordar que "Los sindicatos no tienen carácter de ‘partidos políticos’ que luchan por el poder, y no deberían ni siquiera… tener vínculos demasiado estrechos con ellos… En efecto, en tal situación fácilmente se apartan de lo que es su cometido específico… asegurar los justos derechos de los hombres del trabajo en el marco del bien común de la sociedad entera, y se convierten… en un instrumento de presión para realizar otras finalidades" [Juan Pablo II "Carta encíclica ‘Laborem exercens’", Castelgandolfo, 14 septiembre 1981, núm. 20].
Las referencias aportadas, lo son, por mi resistencia a pensar que estamos derivando a un tipo de sindicalismo vertical en el que es el gobierno quien tutela, protege e impulsa la actividad y los objetivos sindicales. No hay todavía un ministro de Sindicatos, pero el secretario general de UGT fue encargado por el Gobierno de la Nación a negociar con el señor Puigdemont su apoyo –el de Junts– a la reducción de la jornada laboral.
El encargo, próximo al esperpento, no creo que pueda relacionarse con los 5,3 millones de euros que el gobierno ha prometido gastar en la reforma de la sede de UGT en Madrid. Tampoco ha escandalizado al ministro de Asuntos Exteriores, que ni frunció el ceño por semejante encargo diplomático.
La otra misión sindical ha sido el servicio de apoyo, sin medida, de UGT y CCOO al PSOE, convocando una manifestación contra la oposición –naturalmente, Partido Popular–. Su propósito ruidoso quedó en silencioso por los escasos manifestantes: 500 en Madrid, 300 en Barcelona, 250 en Sevilla, 50 en Santander…
¡Ridículo! Lo grave es que estas organizaciones sindicales viven del gasto público, que nutrimos todos los españoles, y no de las cuotas de sus afiliados. Un ejemplo de despilfarro económico.
Mientras, en España hay 3,9 millones de parados reales –el gobierno habla de 2,5 millones, aunque EUROSTAT tampoco se lo cree—, a los que hay que añadir 1,0 millón más que están parados, simplemente, porque no quieren trabajar; como dice la ministra Trabajo: "No vivimos para trabajar".
Ante semejante panorama, los sindicatos deciden manifestarse contra la oposición. Pero, España, pagando.
¡Cuánto despilfarro!