No le falta razón a Feijóo cuando dice que al único que benefició el histórico apagón del 28 de abril fue a David Sánchez. Ciertamente, aquel bochornoso y tercermundista espectáculo, fruto de la reaccionaria y pseudoecologista política energética de este gobierno, eclipsó o dejó en segundo plano el casi tan grave auto del procesamiento del hermano del presidente del Gobierno y otras diez personas por delitos de prevaricación y tráficos de influencias.
Otro tanto se podría decir respecto al caos ferroviario de estos últimos días o de la bolivariana y demagógica consulta ciudadana con la que Sánchez quiere "expropiar" los derechos a los accionistas del Sabadell y del BBVA para contentar a las formaciones separatistas. Por preocupantes que sean estas noticias, tampoco deberían apagar otras no menos graves pero relacionadas con los casos de corrupción que afectan al gobierno socialista y al entorno familiar más cercano del presidente del gobierno.
Así, este martes el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citado como imputado por un posible delito de malversación de fondos públicos al actual delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, al apreciar indicios de participación en el nombramiento de Cristina Álvarez para "el ejercicio de funciones privadas" de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, "con cargo a los presupuestos generales del Estado y, por tanto, con fondos de naturaleza pública". Como recuerda el propio Peinado en su auto, Francisco Martín era "secretario general de la Presidencia del Gobierno, en el mes de julio del año 2021, siendo el responsable y superior jerárquico de Cristina Álvarez Rodríguez".
Para colmo, este mismo miércoles, el mismo Juez Peinado ha rechazado los recursos de la Fiscalía y de la defensa de Begoña Gómez —valga la redundancia— que pretendían que se dejase de investigar a la esposa del presidente del gobierno en relación al rescate de Air Europa. Peinado, por el contrario, aprecia "indicios de delito" en base a la información recogida en el informe de la Unidad Central Operativa (sección de delitos Económicos) que aportan nuevos datos sobre los que todavía el juez no ha citado a testigo, investigado o perito alguno y por lo que se opone a zanjar el asunto. Y es que lo bochornoso no es que el Juez se niegue a dejar de investigarlos, sino que sea el Ministerio Fiscal el que pretenda darles carpetazo. Claro que, como diría Sánchez, ¿De quién depende la Fiscalía? Pues ya está".
Ni que decir tiene que el delegado de Gobierno no ha presentado su dimisión ni ha asumido la menor responsabilidad política a causa de su imputación. De hecho, el gobierno ha salido en tromba contra el juez Peinado: si el martes nada menos que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, insultaba al juez Peinado afirmando que "su instrucción es motivo de preocupación, ya no sólo de gente honesta y con la conciencia tranquila, sino también motivo de preocupación para todos los que defendemos el buen nombre y la imparcialidad de los jueces", este miércoles la representante de Mas Madrid, Manuela Bergerot, acusaba abiertamente al juez Peinado de "prevaricación".
Si a todo lo anterior, recordamos las querellas interpuestas contra Peinado por el propio presidente del gobierno y su esposa o los exabruptos que el año pasado Óscar López lanzara contra este juez, nos podemos hacer una idea de hasta qué punto tiene razón Javier Gómez de Liaño al denunciar en este periódico la "campaña de acoso y derribo en toda regla" que esta sufriendo Peinado.
Lo que es evidente es que las bochornosas acusaciones de Lawfare contra los jueces independientes hace tiempo que dejaron de ser patrimonio exclusivo de las formaciones golpistas y antisistema en los que se apoya el Gobierno para pasar a ser lideradas por el propio Ejecutivo; lo que es innegable es que este gobierno, acosado tanto por su incompetencia como por su corrupción, está dispuesto a sostenerse en el poder a cualquier precio.