Miles de jueces y fiscales han parado este miércoles ante las sedes judiciales de toda España para reflejar su oposición frontal a las últimas iniciativas legislativas del Gobierno destinadas a colonizar el poder judicial. Se trata de un acto de protesta sin precedentes en el que han participado los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y a la que se han sumado por primera vez magistrados que están en la cúspide del Poder Judicial.
Jueces y fiscales denuncian que las reformas emprendidas, enmarcadas en otras que se han ido produciendo, "van encaminadas a convertir al poder judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales". Y no les falta razón para lanzar esta grave advertencia si tenemos presente la bochornosa reforma que ultima el Ministerio de Justicia, liderado por Felix Bolaños, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretende un cambio estructural en el modelo de instrucción penal en España, según el cual los fiscales pasarían a asumir la dirección de las investigaciones judiciales, en lugar de los jueces de instrucción, lo que implicaría, por ejemplo, que unidades como la Unidad Central Operativa pasarían a depender directamente del Ministerio Público o que sólo se instruirían los casos que decidiera este organismo tan dependiente del Ejecutivo como es la Fiscalia.
Este cambio no sería tan grave- incluso podría ser equiparable a lo que sucede en otros países de nuestro entorno, sino fuera -claro está- por esa absoluta jerarquización y dependencia que la Fiscalia tiene en nuestro país del presidente del Gobierno. Pero Bolaños no pretende sino reforzar las competencias y la dependencia del fiscal general del Estado con unos cambios que van a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, "eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración". Además, claman contra la creación de un centro de preparación de opositores "dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país" y también contra la pretensión de convertir en jueces y fiscales a mil trecientos jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello".
No menos razón les asiste a los togados cuando lamentan que el Gobierno quiera "aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo". Esto, ciertamente, añadido a "la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción".
Por esta y por muchas otras, no les falta razones a los togados manifestantes al denunciar que la independencia judicial -lo que queda de ella, diríamos nosotros- "está bajo amenaza". Es más. Consideramos que estas reformas legislativas son el mayor ataque estructural -no puntual como han sido, por graves que sean, la ley de amnistía o la inconstitucional declaración del Estado de Alarma- que haya sufrido nuestro Estado de derecho bajo el mandato de Pedro Sánchez.
Ni que decir tiene, no obstante, que el gobierno dedica a estas protestas el mismo caso omiso que dedica a las amonestaciones que se le hacen desde Bruselas o a la que este mismo miércoles y por enésima vez le hacia hasta la presidente del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, quien ha exigido al ejecutivo el "cese" de sus "presiones intolerables" sobre los jueces Por el contrario, el Gobierno lo que hace es pisar el acelerador y este jueves, menos de un mes después de que el Consejo de Ministros aprobara ser remitida al Congreso, la ley Bolaños con la que el Gobierno pretende controlar por la puerta de atrás el acceso a la judicatura, se debatirá en el Congreso.
Lo que es innegable es que pasar de las leyes a pseudo leyes como las que promueve este gobierno social/comunista es la forma de transitar de una democracia liberal a un régimen bananero y prototalitario donde todo poder depende de un Ejecutivo no sometido a ningún contrapeso. O, si lo prefieren, es la forma de transitar de la democracia a la mafia institucionalizada.