Todos los lectores recordarán las veces que la Comisión Europea ha expresado "su preocupación" por la "presión indebida" que políticos y miembros del gobierno ejercen sobre los jueces con sus ataques y comentarios despectivos. Eso, sin olvidar la amonestación que Bruselas también ha dirigido contra nuestro gobierno por la falta de independencia de la Fiscalía.
Pues bien. Este martes, la Comisión Europea también es noticia por el gravísimo cuestionamiento que sus juristas hacen de la Ley de Amnistía aprobada por el gobierno español y sus socios separatistas. Así, y según se recoge en las alegaciones a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la aplicación de la mal llamada ley, los juristas de la Comisión señalan que esta "parece constituir una autoamnistía por dos motivos" En primer lugar porque "los votos de sus beneficiarios han sido fundamentales para su aprobación". En segundo lugar, "porque el proyecto de ley es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno". De ahí que la Comisión deduzca que no responde "a un objetivo de interés general". Es más: Con impecable lógica jurídica, la Comisión argumenta que si "las autoamnistías en las que quien ostenta el poder político pretende blindarse garantizándose su inmunidad jurídica son contrarias al principio del Estado de derecho, el mismo criterio habría que aplicar cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario".
Ni que decir tiene que este demoledor y acertado informe jurídico de la Comisión Europea, adelantado por El Español y al que ha tenido acceso LD, ha generado el menor comentario del Gobierno. Por el contrario, a lo que se han dedicado los miembros del Ejecutivo es a arropar a su dependiente e imputado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a rechazar la necesidad de su dimisión y a arremeter contra el juez del Supremo, Ángel Hurtado, por instar su procesamiento por la ilegal filtración de datos confidenciales de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Así, la ministra portavoz Pilar Alegría ha manifestado que "hay jueces que están haciendo cosas difíciles de entender", al tiempo que ha defendido su "derecho a la presunción de inocencia". Vamos, como si la pretensión de que nadie esté por encima de la ley o la legítima pretensión de sentar a alguien en el banquillo fuese algo contrario al principio de presunción de inocencia.
Aquí, lo único que debería ser "difícil de entender", sino fuera -claro, esta- por las ya acreditadas pulsiones bolivarianas de Pedro Sánchez, es que siga en el cargo -nada menos que de fiscal general del Estado- alguien investigado y a punto de ser procesado por la comisión de delitos tan graves como el de que se le acusa a García Ortiz. Aquí lo difícil de entender es que el PSOE defienda la separación entre responsabilidades políticas y penales para exigir la dimisión de sus oponentes cuando aun no han sido condenados por nada y, sin embargo, no aplique ese mismo criterio a la hora de exigir la dimisión de García Ortiz por el hecho de que aun no ha sido condenado. Aquí lo difícil de entender es que España sea el único país en la historia de Europa que tenga a un imputado ejerciendo al mismo tiempo su cargo de fiscal general del Estado, cosa que ya denuncia el Financial Times en un artículo que se suma a los publicados en días anteriores en The Times, The Telegraph, Euronews o Euroactiv sobre los escándalos que afectan al Gobierno.
Y lo mismo cabria decir de lo "difícil de entender" que España sea el único país con un gobierno que se sostiene por formaciones golpistas y separatistas para las que ha promulgado una ley de amnistía.
Pero lo dicho: El objetivo de Sánchez no es hacer de España parangón de la democracia liberal en Europa, sino perpetuarse en la poltrona y transitar a un régimen propio de una república bananera como la que impera en Venezuela. Y, teniéndolo todo esto claro, se entiende todo, especialmente lo más abyecto.