Apenas dos semanas después de la excarcelación del histórico y sanguinario dirigente de la ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki -quien sólo tiene ya que pernoctar en prisión a pesar de haber sido condenado a penas que suman 377 años de cárcel por 21 intentos de asesinato y actos terroristas-, otra histórica y no menos criminal dirigente de la banda, Soledad Iparraguirre, alias Anboto, ha salido este martes de la cárcel de Martutene de San Sebastián en régimen de semilibertad a pesar de haber cumplido en España sólo 6 años de los 647 años de prisión que acumula en condenas por su participación en 14 asesinatos
Aunque desde la consejería de Justicia, que dirige la socialista María Jesús Sanjose, se escuden en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, este articulo, en teoría absolutamente extraordinario, permite, pero no obliga, la concesión de esta suerte de tercer grado encubierto para que el preso pueda supuestamente realizar una actividad laboral y participar en actividades sociales de reinserción, aun cuando lo cierto es que el Gobierno vasco no facilita información sobre estas tareas que teóricamente facilitarían la integración social y cuando no consta, al igual que ocurre en el caso de Txeroki, arrepentimiento alguno por su temprana y larga militancia en ETA ni, mucho menos, su predisposición a aclarar los 379 asesinatos de la banda que permanecen impunes.
Y es que es un secreto a voces que estas excarcelaciones no obedecen sino a un pacto del gobierno de Sánchez con los proetarras de Bildu, cuyas exigencias -si bien menos publicitadas y comentadas que las planteadas por las formaciones separatistas catalanas- están siendo satisfechas por mucho que sean aun más aberrantes. En este sentido, todos podemos recordar al dirigente de Bildu y ex miembro de su "brazo militar" -léase banda terrorista ETA- , Arnaldo Otegi justificar el apoyo parlamentario de los proetarras al gobierno de Sánchez -incluidos los presupuestos que un día llegara a presentar-, sobre la base de la excarcelación de etarras: "Tenemos 200 presos en la cárcel. Si para sacarlos hay que votar los Presupuestos, votaremos"
Y lo cierto es que, desde que el Gobierno transfirió las competencias penitenciarias al gobierno vasco, se han disparado las concesiones del tercer grado en beneficio de 130 etarras mientras que la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario ha pasado de ser excepcional a recurrente en beneficio de más de treinta terroristas con la condescendencia de una fiscalía que pudiendo recurrirlas no lo ha hecho.
Así las cosas, todos podemos comprender la indignación y el escarnio de las asociaciones de víctimas, tal y como ya se manifestó con ocasión de la conmemoración del 11M. Aun así, es sabido que a Sánchez no le importa nada con tal de recabar apoyos para mantenerse en la poltrona. Nada, incluido la memoria, la dignidad y la justicia que merecen las victimas del terrorismo.