Las víctimas del terrorismo de ETA, todos los españoles asesinados por ser españoles, sienten duelo por sus asesinos. Jamás sucederá algo parecido entre los asesinos separatistas; quizá existan excepciones, pero son insignificantes en términos políticos y morales. La diferencia entre sentir duelo y no sentirlo ante la tragedia más grande de España, después de 1939, define a los seres humanos más desarrollados moralmente, y los distingue, sin duda alguna, de quienes se obstinan en defender de uno u otro modo los crímenes de ETA. Cívico es quien sufre ante la crueldad gratuita del asesino de Miguel Ángel Blanco; moral es quien siente tristeza, dolor y duelo por la frialdad del criminal sin arrepentir; y villano, inmoral e incivil es quien eleva la obstinación del criminal a ley. En eso estamos con la Ley de Memoria Democrática. Un paso más hacia el abismo. El Gobierno continúa la destrucción de las bases de convivencia entre los españoles iniciada por Rodríguez Zapatero con su Ley de Memoria Histórica. La inmoralidad de este proceso será contada a las próximas generaciones como una de las tragedias más grandes de la historia de nuestro país.
Los futuros historiadores de la política y, sobre todo, de la moral mostrarán con facilidad que esta ley impide a los asesinos sentir duelo y arrepentimiento por los crímenes cometidos. Es dura la cosa, pero la decisión ha sido tomada ya por el presidente del Gobierno y sus aliados de la "extinta" ETA. Repito: los españoles, las víctimas de ETA, pueden llegar a perdonar, pero no podrán hacerlo a quien no solicite el perdón. Los criminales de ETA jamás lo han solicitado. Nunca se arrepintieron de sus crímenes, menos aún sintieron duelo, dolor, por sus víctimas. ¿Conseguirán alguna vez reconocer su falta y reintegrarse con normalidad a la vida política? No lo sé, pero la posibilidad aún está abierta. Pero si se aprueba la nueva ley, por desgracia para ETA y sus marcas blancas en los parlamentos de España, se cerrará la oportunidad de pagar su deuda moralmente y tratar de redimirse de sus crímenes. Ahí reside la crueldad moral y política del proyecto de Ley de Memoria Democrática. Gravísimo es equiparar las víctimas a los verdugos, como se desprende de su ideológico articulado, pero aún es más horrorosa la clave de esta ley: suprimir el ejercicio de un sentimiento básico, primigenio y primario que da la oportunidad a los asesinos de ETA de convertirse en seres civilizados, a saber, el sentimiento de duelo por haber asesinado. Pareciera que Sánchez no pretende otra cosa que institucionalizar incapacidad de entristecerse de esta gente de ETA. Terrible. Los asesinos eran asesinos, las víctimas eran víctimas y los jueces eran jueces. Todos eran y también siguen siendo asesinos, víctimas y jueces. Pero a partir de esta Ley, da igual que se ponga el límite en 1978 ó 1983, a los asesinos se les cierra en términos políticos y jurídicos la posibilidad de "redención" moral y ciudadana. Fueron, son y serán siempre asesinos sin posibilidad legal de redención.
Llama la atención la "normalidad" del ejecutor de esta terrible operación. La divergencia entre la atrocidad perpetrada por esta ley y la "normalidad" de su impulsor, Sánchez, debería ser el núcleo de un debate nacional. Pero sospecho que todo acabara en unos actos políticos tan anacrónicos como antidemocráticos y, finalmente, saldrá aprobada una "ley" ideológica y zarrapastrosa que tapará lo fundamental: España no existe como nación. Y, lo que es peor, si esta ley de Memoria Democrática saliese finalmente del Parlamento, podría convertir al Presidente del Gobierno en un criminal de guante blanco, alguien que al equipar las víctimas con sus asesinos etarras, estaría impidiendo a estos últimos rehabilitarse civilmente. Sí, se mire por donde se mire, privar al asesino del sentimiento de arrepentimiento, de ser moral y solicitar perdón, es a todas luces un crimen de guante blanco. El panorama es trágico. Por un lado, lo poco que queda de España podría depender de la "normalidad" de un criminal de guante blanco y, por otro, de unos asesinos confesos y juzgados, que jamás podrán redimirse porque se lo impide una ley que ellos mismos han pactado con el Jefe de Gobierno. La banalidad del lenguaje y del pensamiento de quienes han perpetrado esta ley compite con su maldad y carencia de pensamiento. Empiezo a creer que esta gente no piensa, sencillamente, porque jamás se pone en el punto de vista del otro. Pero esto lo dejamos para otra ocasión.