No siempre las relaciones amicales enaltecen un ambiente social. Tampoco hay que llegar al caso extremo de la estrecha y fidelísima relación entre los miembros de una banda de delincuentes o de terroristas. En ese caso, los amigos terminan por pasar a la categoría de compinches o cómplices. (Aunque advierto que recientemente la palabra cómplice ha adquirido una connotación beatífica).
Más común es el hecho de la amistad ligada al poder político. Se podría ver como amiguismo, favoritismo, nepotismo, circunstancias próximas a la delincuencia. Se produce abiertamente en los regímenes autoritarios, pero la degradación de la amistad también puede aparecer en las democracias. Desde luego, es así en la actual democracia española, que se encuentra en larguísima transición hacia ella. Nadie parece estar a favor de las prácticas corruptas, pero son muy corrientes en los ambientes del poder político. Se sospecha que pocas veces llegan a la intervención de los tribunales de justicia. Son la consecuencia del alto valor concedido a la amistad en la formación de las cúpulas de los partidos, especialmente cuando se acercan al Gobierno. Lo recusable en términos morales no es solo el uso particular de los dineros públicos. Más corriente es la utilización del privilegio que tienen los gobernantes de hacer nombramientos. Nadie critica que esa operación se haga a favor de los amigos, con prescindencia de los méritos. En cierta manera, volvemos a la antigua tradición de los cesantes. Esa es la forma más aceptada de corrupción política. Tanto es así que no suele pasar a la categoría de delito. Por tanto, no escandaliza a la masa contribuyente, al vecindario. Es decir, en la clase política se acepta tranquilamente como una práctica asociada al papel atribuido legalmente de los gobernantes. Esa ladina (por oculta e inteligente) forma de corrupción se expande, con naturalidad, a medida que los gobernantes necesitan hacer más nombramientos. Es una forma de reafirmación del poder, el mejor símbolo de los privilegios asociados a la actividad gubernamental.
La corrupción es el inevitable sino de los sistemas políticos actuales, intensamente burocratizados. El subterfugio disculpatorio es que las altas decisiones políticas requieren un plantel cada vez más amplio de técnicos y asesores de las más variadas disciplinas. ¿Cómo se va a criticar que el político en el Gobierno confíe preferentemente en los amigos? En la práctica, se trata de una conducta no solo aceptable sino encomiable. Nótese que se habla de cargos de confianza, en una línea parecida a los matrimonios de conveniencia.
Lo anterior se queda corto. El poder político reparte con generosidad un número creciente de ayudas, subvenciones y contratos para llevar a cabo el insaciable proceso del Estado de bienestar. Por mucho que se disimule, esa cascada de dinero público se orienta hacia las personas, empresas o instituciones afines al Gobierno generoso. El resultado es otra forma de corrupción encubierta, el clientelismo. Consiste en favorecer con dinero público a los fieles del partido gobernante, en definitiva, otra vez a los amigos o a los aspirantes a serlo. Se supone, con razón, que las prácticas clientelistas son una fuente segura de votos para las próximas elecciones. Siempre hay algunas cercanas y más o menos reñidas.
Ante tales formas de degradación de la amistad, habrá que volver a la sentencia clásica que se ponía en boca de Aristóteles: “Amicus Plato, sed magis amica veritas”. Esto es, “amigo soy de Platón, pero más todavía de los principios morales”. No estaría mal que se la aplicaran las personas (un número creciente) volcadas a la carrera política, a la actividad pública.