Del Tribunal de Cuentas tenemos el común de los ciudadanos, incluidos los periodistas, la idea de que, en realidad, no es un tribunal. Su papel más conocido es el de fiscalizador de la contabilidad de los partidos políticos, asunto en el que siempre sospechamos que actúa con poco diligencia. Sabemos que produce informes y memorias, e imaginamos que esos informes y memorias, en los que aconsejarán hacer esto y lo otro, pueden acabar sus días en un archivador, olímpicamente ignorados por los destinatarios. Bien. Si esto es todo cuanto sabemos del Tribunal de Cuentas es que no conocemos ni medio a fondo una de las instituciones de mayor raigambre histórica en el derecho público español, como expone la útil página web que tiene el Congreso de los Diputados para explicar la Constitución.
El Tribunal de Cuentas ha puesto en marcha un procedimiento para investigar los posibles daños causados a los caudales públicos por los pagos realizados por la Generalitat catalana para celebrar el 9-N. Esto, que parte de la acción pública ejercida por dos asociaciones, Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, lo ha situado en primera línea de la actualidad política. Y en primera línea de las bofetadas. Entre otras importantes cosas, resulta que la apertura de la instrucción conlleva que los presuntos responsables de los daños garanticen, antes de nada, que van a pagar. Así, Artur Mas, Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega tendrán que depositar una fianza o ver sus bienes embargados de forma preventiva en el caso de que la instrucción se abra. Hablamos de una cantidad de 5,12 millones de euros: salen a 1,28 millones por cabeza.
Todos los citados, huelga decir, están muy en contra. Han acusado al Tribunal de Cuentas de abuso y de querer erigirse en"justicia paralela", y a España de no ser democrática. Como de costumbre. Pero sus propias reacciones indican que se toman muy en serio la actuación del Tribunal. ¡Y tan en serio! El Tribunal de Cuentas no sólo tiene una función fiscalizadora de la gestión económico-financiera del sector público. Tiene también una función de enjuiciamiento contable. Y esa función consiste en "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado" en el ámbito de la responsabilidad contable en que incurran "quienes tengan a su cargo el manejo de bienes, caudales o efectos públicos".
Subrayo: puede "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado". Es un órgano jurisdiccional: con jurisdicción para dictar resoluciones judiciales. Si ordena embargar cuentas o bienes, esa orden se llevará a cabo. Lo ha hecho ya. La hemeroteca guarda noticia de embargos que afectaron a exalcaldes de diversos lugares de España. Uno de los más notables fue el que impuso a los hijos del exalcalde de Marbella Jesús Gil. Notable y cuantioso: ciento y pico millones de euros, incluidos intereses, por el saqueo de las arcas marbellíes. El Tribunal consideró que los hijos, al aceptar la herencia, asumieron los derechos y obligaciones que pesaban sobre ella.
No hay abuso ni justicia paralela. Por el 9-N se juzgó a los cuatro mártires en el ámbito penal. Aquí estamos en la jurisdicción contable. La posibilidad de tener que responder con el patrimonio personal por los gastos ocasionados por el 9-N al erario ha causado gran inquietud en las filas independentistas, donde se suele dar por sentado que incumplir la ley sale gratis y que el Estado es cosa de broma. El Tribunal de Cuentas ha venido a recordar que no. Razón por la que Artur Mas ya ha dicho que no tiene un duro. A este paso, se va a declarar insolvente. Su otra insolvencia, la política, la había puesto de manifiesto hace tiempo. Tanto él como sus compañeros de viaje a Ítaca. El que prometían gratis.