En línea con su programa liberticida, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado una nueva tasa municipal sobre las viviendas vacías que sólo cabe interpretar como un ataque formidable al derecho a la propiedad de los barceloneses.
Según ha anunciado su lugarteniente, el descalificable Gerardo Pisarello, el Ayuntamiento de Barcelona gravará con 633 euros a los propietarios de bienes inmuebles que no se plieguen a los dictados de los antisistema de extrema izquierda que lo desgobiernan.
La ominosa novedad en este nuevo atentado a las libertades y el patrimonio de los barceloneses es que el mero hecho de que una segunda residencia sea sometida a inspección supondrá para su propietario una sanción económica. Es decir, aunque el resultado de la inspección sea negativo y, por tanto, el individuo en cuestión no haya infringido las ordenanzas abusivas de la ultra Colau, estará obligado a abonar esos más de 600 euros a las arcas municipales. Es difícil concebir un atropello más infame.
Esta barbaridad no es, desde luego, un hecho aislado. Desde la irrupción de la déspota Colau, el Consistorio de la Ciudad Condal se ha caracterizado por proteger a los que vulneran los derechos de los demás y machacar a los ciudadanos respetuosos de la ley y el orden, por no hablar de la fobia con que distingue a los grandes inversores, que está provocando estragos en los sectores turístico e inmobiliario.
La gestión de Colau es un vergonzoso e indignante experimento ultraizquierdista que va a marcar muy negativamente a Barcelona. También allí, la nueva política es lo de siempre en la izquierda siniestra: odio sañudo a las libertades y a la prosperidad.