En la catarata de escándalos de todos los días resulta cada vez más difícil sorprenderse, así que hay asuntos que pasan prácticamente inadvertidos pese a su tremenda importancia o gravedad.
Eso es lo que ha ocurrido con el anuncio que este jueves ha hecho la Fiscalía Provincial de Madrid de que va a investigar las opiniones vertidas en un ya famoso chat de militares jubilados. Quizá sólo parezca una noticia más, pero se trata de un ataque formidable a las libertades y una nueva muestra de la degradación del orden constitucional bajo este Gobierno infestados de comunistas, es decir, de totalitarios de la peor ralea.
Hay que partir de varias consideraciones importantes, la primera de las cuales es que se trata de un caso que tiene por protagonistas a unos ciudadanos de a pie, sin la menor responsabilidad pública. Los militares tienen restringidos ciertos derechos de los que disfruta el resto de la ciudadanía, pero sólo cuando están en activo. Cuando, como es el caso, están jubilados, son lo dicho: ciudadanos de a pie, normales y corrientes, que pueden hacer exactamente lo mismo que el resto de sus compatriotas.
Por otro lado, un chat en WhatsApp es, por multitudinario que sea, un espacio claramente privado. Es, de hecho, tan privado como lo es una conversación en una habitación a puerta cerrada. Cosa muy diferente es que, por razones de mero sentido común, sea conveniente guardar cierta prudencia en ellos; pero eso no modifica el hecho de que se trata de charlas privadas.
De hecho, cuando salieron a la luz los célebres chats de Podemos en los que Pablo Iglesias proclamaba su deseo de azotar a la periodista Mariló Montero hasta hacerla sangrar, lo que se reprochaba al hoy vicepresidente del Gobierno era la disonancia entre sus actitudes públicas y sus expresiones privadas. Amén de que ya entonces era un representante político, al que se le puede y se le debe exigir un nivel extra de ejemplaridad cívica.
En resumen: se trata de una invasión brutal de la privacidad de un grupo de ciudadanos del común, perpetrada sin ningún tipo de autorización judicial. Por algo así fue expulsado de la carrera judicial la pareja de la fiscal general del Estado. En algunos ambientes especialmente sórdidos, el atropello de los derechos fundamentales parece una suerte de obsesión.
La investigación de marras no sólo apesta a prevaricación, sino que –esperemos– no puede llegar a ningún lado en manos de un juez mínimamente serio; pero para entonces ya habrá cumplido con uno de sus propósitos: instilar el miedo en una parte de la población.
Y el otro día un Sánchez como ebrio de estúpida soberbia tenía la bochornosa desvergüenza de hacer grotescos chistecitos sobre la "dictadura judeomasónica" y la "república comunista bolivariana"... que él y su aliado Pablo Iglesias, con el beneplácito del supremacismo golpista catalán y de los albaceas de ETA, pretenden instaurar en esta España que tanto detestan.