El Gobierno ha adelantado este jueves que podría tomar, por fin, medidas presupuestarias contra la Generalidad para tratar de atajar el desafío separatista planteado por unos partidos e individuos que están, con una irresponsabilidad absoluta, arrastrando a las instituciones que manejan a un auténtico golpe de Estado.
Aunque la información ofrecida ha sido bastante confusa, de confirmarse la noticia sería la primera medida gubernamental de calado tomada contra la Generalidad golpista y la primera ocasión en la que el Gobierno se enfrentarse a Puigdemont, Junqueras y los suyos sin contar con el respaldo del Tribunal Constitucional.
Esta sería una gran noticia si la decisión se hubiese tomado a tiempo de evitar que el desafío separatista llegase al punto de ruptura a que ha llegado.
Hace décadas que el Gobierno de la Nación debería haber asumido la necesidad de plantar batalla política al nacionalismo; pero sin remontarse a culpas de otros Ejecutivos, el de Rajoy ha tenido oportunidades más que de sobra para ahogar económicamente al secesionismo o, más concretamente, para dejar que el secesionismo se ahogase en el desastre de su propia gestión.
La medida llega –si es que llega– tarde, y puede que también mal, si el Gobierno, que está dando pavorosas muestras de improvisación y cometiendo tremendos errores de planificación, pensase que será suficiente para frenar el golpe.
Porque si parece que es imprescindible –amén de moralmente impostergable– impedir que los golpistas sigan financiando la ruptura de España con el dinero de los españoles, a estas alturas de la película todos el mundo debería ser consciente de que va a ser necesario mucho más para que el 1-O se convierta en un fracaso del nacionalismo, en lugar de en el penúltimo capítulo de la disgregación de la nación más antigua de Europa.
Bien está que el Gobierno siga el rastro del dinero del golpe de Estado, pero no bastará, y Rajoy y los suyos siguen sin ofrecer garantías de que harán todo lo demás.