Los consejeros de Educación y Cultura de la Generalidad de Cataluña, los republicanos Josep Gonzàlez-Cambray y Natàlia Garriga, no han podido ser más claros a la hora de rechazar el auto del Tribunal Supremo (TS) contrario al recurso de su Gobierno contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que se imparta en español al menos el 25% de las clases en la enseñanza pública.
Dado que lleva más de cuarenta años haciendo caso omiso tanto a la Constitución como a las numerosas sentencias tanto del Supremo como del Constitucional que han venido declarando la ilegalidad del modelo de inmersión lingüística, habrá que convenir en que la decisión de la Generalidad de desobedecer también la nueva resolución del TS es cualquier cosa menos sorprendente. Cosa distinta es que este continuado delito de desobediencia esté signado por la impunidad, de lo que no son culpables quienes lo perpetran sino la Fiscalía General del Estado, que ni motu proprio ni a instancias de los distintos Gobiernos centrales ha cumplido su deber de hacer cumplir la ley.
A este respecto, recuérdese que el PSC y CiU pactaron en su día la abstención de los socialistas a la primera investidura de Artur Mas con el público compromiso de desobedecer al Supremo, que ya en 2010 había emitido tres sentencias contra la radicalmente anticonstituional inmersión lingüística. Y que Mariano Rajoy, en su primera entrevista con Mas como presidente del Gobierno (febrero de 2012), ni siquiera se atrevió a reclamarle el acatamiento de dichas sentencias; como explicó altivamente el propio supremacista, "Rajoy sabe que hay líneas rojas y que es mejor no pisarlas".
En efecto, desgraciada y escandalosamente, las "líneas rojas" de lo que se puede o no hacer en materia lingüística en Cataluña no las marcan la ley ni las sentencias de los más altos tribunales sino un nacionalismo abiertamente antiespañol. Y, claro, resulta prácticamente inconcebible que su socio, el Sánchez el felón, vaya a hacer lo que no hizo ninguno de sus predecesores, incluido José María Aznar.
Por el contrario, Sánchez está decidido a llegar todavía más lejos en su condescendencia cómplice, como demuestra su compromiso –impuesto por ERC para respaldar los Presupuestos social-comunistas– para forzar a las plataformas de cable a emitir al menos un 6% en las lenguas cooficiales distintas del castellano. Evidentemente, lo relevante no es lo grande o pequeño de ese porcentaje, sino que el Gobierno se disponga a vulnerar la libertad de esas compañías privadas, que en ese punto no deben tener más juez que sus clientes.
Una vez más, Sánchez se muestra capaz de cualquier desafuero –hacer caso omiso de las leyes incluido–con tal de mantenerse en la poltrona.