El último escollo para que Pedro Sánchez se convirtiera en presidente del Gobierno antes de acabara el año estaba en la Abogacía del Estado, que debía plegarse a las exigencias de los separatistas y solicitara formalmente la libertad del condenado sedicioso Oriol Junqueras. Esa fue la demanda-ultimátum de ERC a cambio de volver a facilitar la investidura del candidato socialista, a quien ya encumbró con ocasión de la moción de censura contra Mariano Rajoy. Sin embargo, como hemos desvelado en Libertad Digital, el Doctor Felón está encontrando serios problemas para rendir la Abogacía del Estado a los pies de los golpistas.
No de otra forma cabe interpretar el retraso en la tramitación del informe solicitado por el Tribunal Supremo antes de decidir sobre el alcance de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad del sedicioso Junqueras. La propia ministra de Justicia, la triplemente reprobada Dolores Delgado, habría ordenado expresamente que la Abogacía presentara el escrito defendiendo la puesta en libertad de Junqueras el pasado lunes 23, con el fin de propiciar la investidura antes de la llegada de 2020. Sin embargo, nadie en el máximo cuerpo jurídico del Estado parece estar dispuesto a traicionar su juramento y tirar por la borda su prestigio profesional brindando su firma a un engendro que, para mayor humillación, habría sido redactado por los asesores monclovitas de Sánchez.
El papelón del Gobierno está siendo tan vergonzoso que hasta la ministra de Defensa se ha visto obligada a salir a la palestra para tratar de desactivar el escándalo. Margarita Robles, magistrada de larga trayectoria, ha despachado el asunto asegurando que no hay el menor conflicto con la Abogacía y que se trata únicamente de que sus miembros han decidido gratuitamente agotar el plazo del TS, que vence el próximo 2 de enero. Las explicaciones de Robles ocultan que el sentido de ese informe a favor de la liberación de Junqueras es una exigencia innegociable de ERC para mantener a Sánchez en la Moncloa. Por otro lado, si el Gobierno no tuviera interés en el asunto, la Abogacía del Estado habría tramitado su informe de manera prácticamente inmediata, como hizo la Fiscalía. Y es que el mantenimiento en prisión de un condenado en firme por gravísimos delitos, como ocurre con Junqueras, es una cuestión tan elemental que hubieran bastado unos pocos minutos para solventar el trámite.
Aunque Sánchez no encuentre un cómplice entre los abogados del Estado, siempre podrá obligar a la abogada general a firmar esa traición para agradar a los golpistas. El escándalo sería monumental, pero nada que no pueda asumir tranquilamente un político tan falto de escrúpulos como el fraudulento doctor Sánchez.