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EDITORIAL

La financiación de Podemos y la Fiscalía fantasma

Las sospechas sobre la financiación ilegal de Podemos son suficientemente consistentes para que la Justicia inicie de oficio una investigación.

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El goteo incesante de informaciones periodísticas sobre las cuentas de Podemos, que vienen poniendo en cuestión la limpieza de la financiación del movimiento ultraizquierdista, adquiere visos definitivos de verosimilitud con el informe que la UDEF ha entregado al Tribunal de Cuentas, el órgano administrativo encargado de fiscalizar las finanzas de los partidos.

La unidad especializada en delincuencia económica y fiscal de la Policía recoge en los 35 folios de este documento las claves que explican cómo un movimiento asambleario, surgido prácticamente de la nada, ha conseguido en tiempo récord ahormar una alternativa política que ha llevado a sus franquicias a hacerse con instituciones tan importantes como los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona.

Según las investigaciones de los expertos policiales, la empresa 360º Global Media está en el centro de esta trama, gracias a la cual los dirigentes de Podemos habrían percibido importantes desembolsos cuyo destino podría estar vinculado al nacimiento del partido, hace dos años. El dueño de 360º Global Media, el iraní Azimi Mahmud Alizadé, es también el creador de Hispan TV, cadena de televisión financiada por el régimen de los ayatolás que alberga un programa presentado por Pablo Iglesias y realizado por la productora de los dirigentes podemitas. El flujo monetario entre las distintas empresas del entramado iraní, parte del cual procede de sociedades radicadas en paraísos fiscales, alcanzaría los 9 millones de euros tan sólo en los tres últimos años. Según los expertos de la Policía, la cuarta parte de ese dinero habría acabado recalando de una u otra forma en Podemos.

Los hallazgos del citado informe son tales, que sorprenden las reticencias de la Fiscalía a tomar cartas en el asunto. La financiación de partidos políticos por regímenes liberticidas extranjeros es un hecho de extrema gravedad, y la investigación debería estar siendo instruida por el correspondiente órgano judicial a impulso de la Fiscalía. En su lugar, los agentes de Policía se han resignado a enviar el resultado de su trabajo al Tribunal de Cuentas, órgano administrativo sin poder jurisdiccional que, además de padecer interminables dilaciones por su acumulación de tareas, solo puede actuar remitiendo sus actuaciones a los tribunales en caso de que sus miembros, tan politizados como los de cualquier otro órgano del Estado, detecten la comisión de algún delito.

Los dirigentes de Podemos blasonan de la limpieza de las cuentas de su formación pero, al mismo tiempo, no ocultan su participación en oscuros organismos vinculados a regímenes infectos, a través de los cuales obtienen unos ingresos tan desorbitados como los más de 400.000 euros ingresados en 2013 por Juan Carlos Monedero de las tiranías bolivarianas, a cuenta de un informe cuya existencia sólo parece conocer él.

Las sospechas sobre la financiación ilegal de Podemos, sustentadas en los hallazgos obtenidos por expertos policiales, son lo suficientemente consistentes como para que la Justicia inicie de oficio una investigación en toda regla. Es hora de conocer de manera precisa hasta qué punto está enfangado en negocios con potencias tiránicas un movimiento populista cuyos dirigentes afirman haber llegado a la política para regenerar la democracia.

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