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EDITORIAL

Los golpistas llevan a Cataluña al colapso económico

El Gobierno tiene la insoslayable responsabilidad de poner fin a los desmanes de los golpistas, que en su insensata y criminosa huida hacia delante están dispuestos a llevarse por delante el bienestar de varias generaciones de catalanes.

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Una de las mentiras más flagrantes de la Generalidad golpista es que las empresas radicadas en Cataluña no se marcharían a otros lugares una vez proclamada la independencia. El propio vicepresidente regional, Oriol Junqueras, lo dejó claro al negar expresamente esa posibilidad en unas declaraciones realizadas la pasada semana. "No habrá una huida de empresas", afirmó con rotundidad el descalificable golpista; a las pocas horas, las dos principales entidades bancarias de Cataluña, Caixabank y Sabadell, anunciaban su salida del Principado para no ser víctimas de la denominada DUI (declaración unilateral de independencia), radicalmente ilegal y liberticida.

Como se sabe de sobra, el caso de esos dos grandes bancos es tal vez el más significativo, pero no desde luego el único caso. Desde que ambas entidades anunciaran el traslado de sus sedes principales, numerosas compañías cotizadas en bolsa han seguido su ejemplo, empezando por el gigante energético Gas Natural, que se ha trasladado a Madrid. Empresas responsables de prácticamente la mitad de la riqueza que produce Cataluña han decidido mover sus sedes, movimiento en cascada al que habría que sumar a los depositantes de bancos y cajas de ahorro que sacando su capital de la región tomada por el separatismo golpista. El desastre que se avecina es tan patente que hasta los miserables empresarios partidarios de la secesión están poniendo también a salvo sus propiedades cambiando su domicilio fiscal a otros lugares de España.

Unos y otros tratan de preservar su patrimonio ante la certeza de que una Cataluña independiente quedaría automáticamente fuera de la Unión Europea y, por tanto, sin respaldo del Banco Central Europeo. El desplome brutal de los ingresos fiscales asociado a la eventual independencia y el éxodo de depositantes provocaría en Cataluña una catástrofe financiera antes incluso de que echara a andar como nuevo Estado, pero eso es algo que no parece importar a Puigdemont y a su camarilla fanática e ignara, dispuestos como están a acabar con una de las regiones más prósperas de España.

El proyecto separatista tiene, sí, una derivada de índole económica cuyos efectos devastadores, de hecho, ya han comenzado a ponerse de manifiesto. El éxodo empresarial y las colas de depositantes en las oficinas bancarias es el verdadero referéndum que pone de manifiesto qué es lo que opina la Cataluña real sobre los planes de sus dirigentes infames.

El Gobierno tiene la insoslayable responsabilidad de poner fin a los desmanes de los golpistas, que en su insensata y criminosa huida hacia delante están dispuestos a llevarse por delante el bienestar de varias generaciones de catalanes.

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