Gracias a la decisión del Gobierno de reforzar la presencia de la Guardia Civil en los arcos de seguridad del aeropuerto de Barcelona, pocos incidentes caben destacarse durante el primer día de huelga indefinida de los trabajadores de Eulen, responsables de los filtros de seguridad. El buen hacer de los agentes de la Benemérita ha hecho posible que la tranquilidad sea la tónica general en El Prat y que las colas registradas este lunes puedan calificarse como anecdóticas si se las compara con las de jornadas anteriores de una crisis que se alarga ya 22 días.
Es hasta cierto punto lógico que los sindicatos y los protagonistas de esta huelga salvaje, que pretendían seguir utilizando a los ciudadanos como rehenes de sus abusivas reclamaciones laborales, hayan visto con malos ojos la presencia de la Guardia Civil, que, en el marco del más escrupuloso respeto a la legalidad, han evitado a los viajeros un sinfín de contratiempos y de largas esperas. Más vergonzoso resulta, sin embargo, que instituciones, como la propia Generalidad de Cataluña, o partidos como el PSOE hayan criticado la exitosa labor de la Guardia Civil a pesar de haber respaldado en un primer momento su presencia ante una huelga de estas características coincidente con una de las jornadas de mayor actividad del año en el segundo aeropuerto español.
Está visto, sin embargo, que para los separatistas que rigen la Generalidad cualquier excusa es buena para arrimar el ascua a su sardina soberanista, y no han tenido reparo alguno en afirmar que si el funcionamiento del aeropuerto fuera competencia de la Generalidad "no habría tantos problemas".
Otro tanto se puede decir de la reacción del PSOE, cuyos representantes no han tenido empacho en alinearse con los huelguistas, los antisistema de la CUP y la Generalidad, al tachar de "esquiroles" a los agentes del Instituto Armado. Tachando el conflicto laboral como una de "las consecuencias nefastas de su política laboral", el secretario de organización del PSOE ha acusado al Gobierno de "autoritarismo" y de vulnerar "el derecho a huelga".
Lo cierto, sin embargo, es que los únicos que han vulnerado la legalidad son los huelguistas que, durante días, no han respetado los servicios mínimos o han perpetrado una huelga de celo tan ilegal como perjudicial para los viajeros a los que también les asiste el derecho a poder desplazarse libremente.
Está claro, sin embargo, que ni al PSOE ni a los gobernantes de la Generalidad les preocupa el bienestar de los ciudadanos ni la imagen de nuestro país ante los turistas; tan sólo pretenden dañar políticamente al gobierno de la nación para que no pueda beneficiarse de una decisión que, aunque tardía, se ha saldado con un indiscutible y muy reconocido éxito.