Lo del 9-N no ha sido un simulacro sino un exitoso desafío en toda regla al Estado de Derecho. El tiempo dirá si es la querella presentada por la Fiscalía lo que resulta un simulacro de consecuencia penal contra quienes lo perpetraron.
Lo que ya se puede constatar es que, quince días después de la celebración de la consulta secesionista, Artur Mas ha protagonizado un multitudinario y solemne acto en el que ha dado a conocer los siguientes pasos de su ilegal hoja de ruta. Su intención es recabar el respaldo de ERC y los demás partidos separatistas para confeccionar una lista de unidad y convocar a comienzos de 2015 unas elecciones a las que otorgaría carácter plebiscitario. De ganarlas, su Gobierno se daría un plazo de año y medio para negociar con el Estado y la UE la separación de Cataluña. Al mismo tiempo, y de forma paralela a dichas negociaciones, la Generalidad iniciaría un proceso constituyente y se dotaría unilateralmente de estructuras de Estado y de las instituciones precisas para acometer la independencia tras un reférendum definitivo en 2016.
Al margen de que consiga o no plasmar en una candidatura única la unidad de los partidos separatistas, parece evidente que Mas sigue sin temer ni la suspensión de la autonomía en aplicación del artículo 155 de la Constitución, ni la pérdida de financiación ni ningún tipo de reproche penal. No le faltan razones para mantener su confianza. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. ha quitado importancia a su proyecto delictivo sobre la base de que se trata de "un paso más a ninguna parte".
Lo cierto, sin embargo, es que el anunciado y ya emprendido viaje de Mas sí conduce a un sitio muy concreto: al ámbito de la ilegalidad, a una nueva y más profunda quiebra del Estado de Derecho; a un enfrentamiento de los catalanes con el resto de los españoles y, sobre todo, a una confrontación entre los propios catalanes. Para colmo, y con la pueril excusa del pago a proveedores, Rajoy ha anunciado que va a seguir financiando privilegiadamente a la Generalidad, aun cuando es el primero en saber que buena parte de esa financiación está sirviendo para financiar el costosísimo proceso de construcción nacional que Mas ha emprendido, no sólo con la consulta del 9-N, sino con algunas estructuras de Estado, como el Consejo Asesor para la Transción Nacional, que llevan años en funcionamiento.
Mas ha pinchado y ha notado blando. Que nadie se extrañe de que siga profundizando.