Cuando el pasado 20 de febrero el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, anunció que el Tribunal Superior de Justicia de la región lo había llamado a declarar como imputado en el caso Auditorio, Ciudadanos exigió el cumplimiento inmediato del pacto de investidura que suscribió con el Partido Popular murciano tras las elecciones de mayo de 2015.
El primer punto de dicho acuerdo obliga taxativamente a "separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial". Pero es que, además, el propio presidente de la comunidad autónoma, sin que nadie se lo pidiera, prometió públicamente acatar esa obligación en caso de que resultara investigado por el citado caso Auditorio, que en aquellos momentos estaba siendo objeto de trámite por un juzgado de instrucción.
Sin embargo, llegado el momento de hacer honor a los compromisos alcanzados y la palabra dada, Sánchez decidió no respetarlos y mantenerse en la Presidencia de la región aludiendo a oscuras disquisiciones sobre las categorías de imputado e investigado, no sin acusar a Ciudadanos de utilizar una doble vara de medir en perjuicio del PP.
Tan solo una reacción enérgica y a tiempo de Mariano Rajoy podría haber evitado este patético sainete en que se ha convertido la crisis política de Murcia, una región gobernada ininterrumpidamente por el PP desde hace nada menos que 22 años. Pero Rajoy, acosado a su vez por los casos más graves de corrupción de la historia de su partido, no tiene la legitimidad moral para exigir renuncias ni pedir heroicidades.
Acorde con su manera habitual de sacarse de encima los problemas, el presidente del Gobierno y del PP ha evitado una decisión traumática, con lo que ha descargado toda la responsabilidad de la crisis política en Murcia sobre Ciudadanos, un partido con el que pretende entenderse a nivel nacional y que en el Parlamento murciano cuenta con cuatro diputados de un total de 45.
Puesto ante esa tesitura por deseo expreso de Rajoy, lo cierto es que el partido de Albert Rivera está actuando como mejor puede. Ciudadanos exige la salida de la política de Pedro Antonio Sánchez o, de lo contrario, ahormar una moción de censura instrumental para convocar nuevas elecciones de forma inmediata. Los otros dos partidos de la oposición, PSOE y Podemos, forzados a su vez por la situación de debilidad interna de sus dirigentes, exigen en cambio un Gobierno de coalición que agote la legislatura. Así pues, los tres partidos tratan de negociar un acuerdo intermedio entre esos dos polos estratégicos (elecciones anticipadas o Gobierno estable) que podría desembocar, en su caso, con la llegada de Podemos al Ejecutivo regional.
Ciudadanos puede aducir legítimamente que es la cerrazón del Partido Popular y su peligrosa huida hacia delante lo que le obliga a entrar en ciertos acuerdos poco compatibles con su vocación ideológica. Cabe esperar, no obstante, que el sentido de Estado de Rivera impida a su franquicia regional aceptar una operación política que podría ser desastrosa para los intereses generales de todos los murcianos.
Ahora bien, no puede perderse de vista que, pase lo que pase de aquí al jueves, fecha en la que se votará la moción de censura de los socialistas, la principal responsabilidad de este tremendo embrollo es de Rajoy, dispuesto a forzar todos los resortes con tal de no cumplir lo acordado con C's... y salvar al propio Gobierno popular de Murcia.