Según ha informado Pablo Planas desde Barcelona, el empresariado catalán anda presionando para que el Partido Popular de Mariano Rajoy y la Convergència de Artur Mas sigan pergeñando pactos a espaldas de la opinión pública y en pro de una reforma constitucional que ponga solución a la cuestión catalana. Nada bueno puede salir de ahí.
Para empezar, el PP y CiU son formaciones con el crédito por los suelos, que suscitan una más que justificada desconfianza en el grueso de la opinión pública. Sólo por esto ya deberían desechar el oscurantismo, aunque sólo fuera por instinto de supervivencia.
En segundo lugar, el establishment empresarial del Principado tiene una enorme responsabilidad en que la situación haya empeorado de una manera que hubiera sido inimaginable hace sólo unos años. Es un establishment corporativista, mucho menos interesado en competir por el favor del mercado –esto es, de la ciudadanía– que en estar a buenas con el poder político, al que corrompe y del que espera ayudas –económicas y legislativas– sin cuento, que lo blinden contra el mercado –esto es, contra la ciudadanía–.
Cuando el nacionalismo redobló su desafío al Estado, con el infausto Estatuto de 2006, el establishment empresarial no sólo no levantó la voz sino que bendijo el despropósito, y sólo cuando cobró forma el desafío secesionista empezó a emitir, no precisamente de manera estentórea, algún reproche a Mas y compañía.
Antes de proponerse como solucionadores, los empresarios que presionan a Rajoy y Mas tienen que asumir que, como Rajoy y Mas, son parte del problema.
Por último pero no en último lugar, no hay nada que negociar con el nefasto presidente autonómico de Cataluña, que no deja de mostrarse indigno del cargo que ostenta. Es una autoridad del Estado que blasona de estar en rebelión contra el Estado. No hay absolutamente nada que negociar con semejante sujeto, sino obligarle a cumplir la ley y trabajar por que él y lo que representa desaparezcan cuanto antes de la escena política. Sólo faltaría que, después de los estragos que está causando en Cataluña y el resto de España, Artur Mas no sólo no recibiera castigo alguno sino que fuera recompensado.
No hay que pensar en reformar la Constitución con quienes quieren dinamitarla y, de paso, destruir España, sino hacer honor a los principios que la informan y defender con la mayor firmeza la soberanía nacional y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.