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Por la intervención indefinida de la Administración catalana

Tanto la via penal como la via política –aplicación del articulo 155 mediante– son indispensables para combatir el golpismo separatista.

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Seis años después del desencadenamiento de un proceso secesionista que, según proclamó Artur Mas, no pararían "ni tribunales ni Constituciones", VOX sigue siendo el único partido que no tiene el menor reparo en recurrir a la vía penal para poner fin a la actividad delictuosa de los golpistas que detentan el poder en la Generalidad. Buena prueba de ello es la querella que el partido de Santiago Abascal ha presentado ante el Supremo contra Quim Torra por delitos de provocación, conspiración y proposición para la rebelión tras su llamamiento a proclamar la independencia de Cataluña por la sangrienta y violenta vía eslovena.

La sensatez que desprende esta querella de VOX, que bien puede encontrar apoyo añadido tanto en los ánimos de Torra a los Comités de Defensa de la República como en la renuencia del presidente de la Generalidad a ordenar a los Mozos de Escuadra la represión de este terrorismo callejero, no obsta para celebrar que el PP y Ciudadanos se sumen al partido de Abascal para reclamar al Gobierno una medida estrictamente política como la indefinida intervención de la Administración regional catalana en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ambas vías, la penal y la política, son no sólo compatibles sino inexorablemente complementarias.

Como se recordará, ni ante la rebelión en forma de referéndum del 9 de noviembre de 2014 ni ante la no menos prevista y golpista consulta del 1 de octubre de 2017 el PP de Rajoy y Cs se atrevieron con la suspensión de la Administración catalana para evitar la anunciada comisión de tan graves delitos. Sólo después de la declaración unilateral de independencia perpetrada días después del segundo referéndum secesionista las formaciones constitucionalistas con representación parlamentaria se atrevieron a invocar el 155. Lo peor, al margen de la tardanza, fue que el Gobierno de Rajoy, con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, recurrió a la aplicación de dicho artículo y a una fugaz y superficial intervención de la Administración regional como mero mecanismo extraordinario de convocatoria electoral. Ante tan temerario e irresponsable disparate, no es de extrañar que las formaciones golpistas volvieran al poder y que, desde allí, prosiguieran con la actividad delictiva que ahora protagoniza y lidera Quim Torra.

Afortunadamente, ya no son sólo partidos extraparlamentarios –como el liberal-conservador VOX y el socialdemócrata UPyD– los que se atreven a pedir una completa e indefinida intervención, que entre de lleno en la educación y en los medios públicos y acabe de una vez con la tantas veces silenciada independencia de facto en la que vive instalada la Cataluña nacionalista desde hace años.

A este deseable consenso contra el secesionismo, que haga que los golpistas paguen penalmente por sus delitos y, artículo 155 mediante, evite la comisión de nuevas ilegalidades, debería unirse el PSOE. Es impensable, sin embargo, que lo haga mientras siga liderado por individuos que, como Pedro Sánchez, no tienen el más mínimo reparo en negociar su estancia en el poder con quienes están dinamitando la convivencia y el orden constitucional en Cataluña.

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