Aunque a pocas semanas de las elecciones autonómicas y europeas no sea seguramente el mejor momento para proponerlo, no le falta razón a Esperanza Aguirre al plantear la conveniencia de que PP y Ciudadanos se abstuvieran en la investidura de Pedro Sánchez como forma de lograr un gobierno en solitario del PSOE sin compromisos de legislatura con la extrema izquierda podemita y los separatistas catalanes. Al fin y al cabo, lo que plantea la política liberal a los partidos ubicados a la derecha del PSOE es bastante menos comprometedor y arriesgado para ellos que el acuerdo PSOE-Cs que evitó en 2015 que Susana Diaz gobernara en alianza con los podemitas en Andalucía o el frustrado acuerdo de gobierno PSOE-Cs en 2016 que hubiera evitado que Sánchez hubiera gobernado con la extrema izquierda y los separatistas si no fuera –claro está- por la inamovible negativa de Rajoy a perder la poltrona habiendo liderado él la lista más votada en aquellas elecciones generales.
No parece que el electorado haya penalizado a Ciudadanos –ni en Andalucía, ni en el conjunto de España- por esos acuerdos con el PSOE ni con el otrora denostado Mariano Rajoy como forma de evitar hipotecas de gobierno de España o de Andalucía con separatistas o comunistas. Menos aun debería ocurrir en el futuro si tenemos en cuenta que lo que plantea Aguirre no es tanto un gobierno de coalición de los socialistas con el centro derecha sino una mera abstención por parte del PP y de Ciudadanos que haga ver a un nihilista como Sánchez que su poltrona no depende inexorablemente de un pacto con la extrema izquierda podemita y los separatistas catalanes. En este sentido, no parece muy coherente que Pablo Casado sugiera un acuerdo de gobierno entre el PSOE y Ciudadanos al tiempo que plantea votar en contra de ese hipotético gobierno junto a comunistas y separatistas.
Teniendo en cuenta que la disyuntiva que impone la realidad desde el pasado 28 abril no es si Pedro Sánchez gobierna o no sino tan solo con quien va a gobernar, constituye una absoluta irresponsabilidad por parte de PP y Ciudadanos –irresponsabilidad que no puede ser burdamente maquillada de respeto a sus votantes– no tomar parte activa en esa disyuntiva manteniendo un incondicional "no es no" que imposibilite de raíz explorar la posibilidad de un gobierno socialista escorado a su derecha y sin hipotecas con comunistas y socialistas.
Aun cuando sea obvio que las presiones dirigidas a evitar el mal mayor, como sería un gobierno socialista hipotecado con la extrema izquierda y los separatistas, deben plantearse fundamentalmente a Pedro Sánchez, que es quien tiene la responsabilidad de formar gobierno, y sería necesario hacerle ver, al mismo tiempo, que una renuncia a gobernar en compañía de Podemos y de los separatistas no nos tendría por qué abocar inexorablemente a la convocatoria de unas nuevas elecciones.
Aun cuando muchos representantes del PSOE ya se hayan manifestado en favor de algún tipo de acuerdo del PSOE con las formaciones constitucionalistas –y que incluso Pedro Sánchez le reprochara a Albert Rivera su particular "cordón sanitario"–, es cierto que una oferta tan generosa y con tanto sentido de Estado –en el mejor sentido de la expresión- como la que plantea Aguirre podría ser, sin embargo, rechazada por quien ya ha demostrado que no tiene el menor reparo a gobernar con los antisistema. Pero es evidente, con todo, que esa oferta no se puede aceptar si no se plantea, y que el más elemental sentido de la responsabilidad y respeto a sus propios votantes obligan a Casado y a Rivera a aplicarse a sí mismos su particular "que por mi no quede" de cara a evitar el mal mayor como sería un gobierno de España en coalición con la "anti-España".