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Rajoy sigue financiando la 'desconexión' de Cataluña

El FLA no viene sino a cubrir el desvío de fondos del contribuyente que los nacionalistas destinan a su objetivo de dotarse de un Estado propio.

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A fin de evitar que el costosísimo proceso de construcción nacional que se perpetra en Cataluña arrastre a la Generalidad a la suspensión de pagos, el Gobierno de Rajoy ha venido destinando desde 2012 la mayor parte de los Fondos de Liquidez Autonómica a una Administración en rebeldía cuyos recursos propios no son suficientes para atender los desembolsos que reclama el procés, y, al mismo tiempo, los que reclaman las competencias que tiene legítimamente encomendadas.

Aunque las comunidades autónomas sean las administraciones regionales que más dinero perciben del contribuyente de todos los países de la OCDE, todo dinero es poco si, como en el caso catalán, se dedican a crear o a sostener toda una red clientelar en forma de empresas, fundaciones y demás chiringuitos a mayor gloria de la causa secesionista. El procés ha requerido y seguirá requiriendo la creación de organismos como el Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña y otras ilegales estructuras de Estado, como una Agencia Tributaria propia o la multiplicación de embajadas destinadas a lo que Artur Mas llamó en su día "internacionalización del conflicto". Implica también no escatimar recursos en unas televisiones públicas concebidas como "arma para la construcción nacional".

Aunque los mandatarios secesionistas se molestasen –cosa que ni siquiera hacen en acreditar que todos los recursos que reciben del FLA los destinan a pagar a proveedores y otros desembolsos legítimos, es evidente que no costean con su dinero su delictivo proceso de construcción nacional. El FLA no viene sino a cubrir el desvío de fondos del contribuyente que los nacionalistas destinan a su objetivo de dotarse de un Estado propio.

La más reciente muestra de cómo el Gobierno de España está financiando, de manera indirecta pero absolutamente decisiva, el proceso secesionista catalán lo constituyen los más de 3.034 millones adicionales que el FLA destinó en diciembre a la Generalidad, días después de que los cabecillas secesionistas hicieran pública su penúltima desobediencia a la penúltima sentencia del Tribunal Constitucional contraria a su proyecto de desconexión con el ordenamiento jurídico español y la futura creación de una república catalana independiente.

Aquello debió de colmar la paciencia del dirigente del PP catalán, Xabier García Albiol, que el 5 de febrero manifestaba: "Si el Gobierno catalán sigue desafiando constantemente al Estado de Derecho, poniendo en riesgo las libertades, no tengo ningún problema y me parecería fantástico que, de una vez por todas, se intervenga la tesorería de la Generalitat por parte del Estado".

Se entiende, por tanto, que el PP catalán, con Albiol a la cabeza, haya estallado con una escasamente disimulada cólera este martes al conocer la reunión secreta mantenida el lunes por el ministro de Economía, Luis de Guindo, y el vicepresidente económico de la Generalidad, Oriol Junqueras, días después de que la Administración catalana haya pedido otros 7.520 millones al FLA. La indignación es todavía más entendible porque la nueva exigencia de los golpistas se produce pocos días después de que Puigdemont se burlara de la última sentencia del TC contraria a la creación de una Consejería de Exteriores.

El Gobierno de Rajoy habrá de desembolsar ese dinero a los separatistas si sigue empeñado en evitar a toda costa cumplir su deber de intervenir la Administración regional en rebeldía. Y el corajudo de García Albiol tendrá que plegar si no quiere correr la misma suerte que María San Gil y tantos otros que han abandonado el Partido Popular en los últimos años.

Por otro lado, resulta lamentable que una formación como Ciudadanos no denuncie la indolencia, rayana en la felonía, del PP de Rajoy y siga dando por buenas la impunidad secesionista y la financiación de que sigue disfrutando el proceso de ruptura. No otra cosa es negarse a cerrar el grifo del FLA y limitarse a presentar recursos ante un TC cuyas sentencias quedan en papel mojado.

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