Pocas veces se ha hecho una crítica tan demoledora del lamentable estado de la administración de Justicia como la que se deduce de las declaraciones del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ante la comisión constitucional del Congreso: tras asegurar que todavía no ha recibido la notificación de la Fiscalía de Málaga en relación al escándalo en los cursos de formación en Andalucía, el fiscal general ha afirmado: "La realidad diaria de las Fiscalías provinciales ante el fenómeno de la corrupción, debo reconocerlo ante sus señorías, es descorazonadora"; más del 80% de las causas de corrupción se encuentran "ante una precariedad de medios materiales y humanos" de tal envergadura que hacen que afrontarlas sea una empresa "poco menos que titánica"; empresas que "en muchos casos están destinadas al fracaso".
Vaya por delante que el fiscal general del Estado, más que reconocerlo con tono de lamento, debería haber sido el primero en denunciar, mucho tiempo atrás, la falta de medios que sufre el Ministerio Público en exigir al Gobierno una mayor dotación presupuestaria. Sea como fuere, no ha de cargarse contra el mensajero sino contra los máximos responsables de lo que Torres-Dulce denuncia, que no son otros que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y, sobre todo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Tras elevar la presión fiscal y el nivel de endeudamiento como no lo ha hecho ningún otro Gobierno anterior, el Ejecutivo de Rajoy ha dispuesto de dinero más que suficiente para dotar de medios al Ministerio Público para cumplir su tarea. Cosa distinta es que haya dado prioridad al sostenimiento de partidas de gasto que ceban el clientelismo y el despilfarro autonómico, incluidas las destinadas sufragar ilegales procesos secesionistas.
La Justicia es una función prioritaria del Estado y la corrupción una de las lacras del sistema. Reconocer algo tan grave como que la persecución de la corrupción en España es una "tarea titánica" en muchas ocasiones "destinada al fracaso" por falta de medios es debería ser más que suficiente para que el ministro de Justicia exija una dotación presupuestaria para subsanarla o de lo contrario presente su dimisión.
Claro que si se tiene en cuenta la politización del Poder Judicial, o que la falta de fondos no es sino consecuencia de una falta de voluntad política a la hora de combatir una corrupción que afecta a casi todos los partidos, no es de extrañar que Torres Dulce, Gallardón y Rajoy sigan tan tranquilos mientras se sigue degradando la administración de Justicia.