Son los detritos de los totalitarismos fulminados durante el siglo XX que vuelven a España para cohabitar en las alcantarillas de la política contra natura. Y se exhiben felices. Hacen ostentación de los privilegios que arrancan a una sociedad cogida en las redes de discursos goebbelianos. Algunos son vestigios degenerados del antiguo PSOE secuestrado por felones que malvendieron sus siglas; otros -UP- son crías de la serpiente comunista que dejó un tendal de cien millones de muertos allí donde hincó sus colmillos; los acompaña, parasitándolos, una bandada de buitres de distinto plumaje -ERC, PDECat, JxCat, CUP, ANC, CDR y otros- que se agrupan en torno a mitos étnicos supremacistas mientras intercambian picotazos entre ellos disputándose la carroña; y cierra el cortejo EH Bildu, remanente mal reciclado de una mafia terrorista igualmente infectada por el virus hitleriano de la pureza racial.
Y al monstruo depredador engendrado por esta cohabitación pornográfica entre los espectros del guerracivilismo, lo llaman "gobierno progresista".
Bajos instintos
Apenas encaramados en el puente de mando, estos neandertales travestidos de "progresistas" han dado rienda suelta a sus más bajos instintos. Cada cual con su programa liberticida, pero todos unidos por el odio a la integridad de España y a su régimen constitucional de Monarquía parlamentaria. Es lógico, por consiguiente, que lo primero que ha hecho el frente socialista-comunista haya sido enviar zapadores al Poder Judicial para dinamitar el Estado de Derecho. Zapadores cuya foja de servicios sectaria garantiza que darán prioridad a las componendas espurias con los delincuentes sediciosos y malversadores. A esta operación de sabotaje la llaman "desjudicializar" la política, "no ocultarse detrás de las togas". Se burla Enric Juliana, que conoce el paño porque participa en su confección ("Abordaje al Mobile", LV, 17/1):
El ingenio azucarero de Pedro Sánchez pasa a ser un Gobierno débil, pero agresivo, que quiere maniatar a la judicatura para poder pagar en especies y mercedes a los independentistas el precio de su duración.
Azote de herejes
¿Qué consiguen los entreguistas bajándose los pantalones? Estimular la soberbia de los reos que los humillan desvirtuando los simulacros de diálogo. La entrevista al azote de herejes Oriol Junqueras, trepado al púlpito de Lledoners (El País, 18/1), confirma que detrás del aprendiz de negociador pragmático se esconde un energúmeno de mucho cuidado. "¡Y una mierda, y una puta mierda!", vomitó cuando le preguntaron si habían mentido a los seguidores del procés. Ratificó lo dicho por la portavoz de ERC en el Congreso, o sea que "la gobernabilidad de España me importa un comino"; calificó al Estado con el que trapichea de "digno heredero de la dictadura"; e insistió en que "el objetivo era y es la independencia". Y dio las gracias a los cómplices que traman su excarcelación fraudulenta acusándolos de mostrar "dosis de inhumanidad alucinantes".
"Esto va a ser Vietnam", pronostica un dirigente del PSOE (LV, 14/1). "PSOE y Unidas Podemos no podrán gobernar si no lo hacen con mentalidad de guerra", dictamina Francesc-Marc Álvaro, ahora inflamado por el acceso de los suyos al poder ("Experimento Delgado", LV, 17/1). "Si queréis guerra, la tendréis", ruge el partisano de salón Enrique Gil Calvo ("Continuidades", El País, 21/1).
Guardianes del rebaño
Los ideólogos de los variopintos partidos y movimientos que forman el actual Gobierno o lo sustentan desde los flancos, les inyectan el veneno totalitario que los aglutina. Un ejemplo candente: cuando los guardianes del rebaño despotrican contra el veto parental que rige en Murcia para evitar el adoctrinamiento extracurricular en las escuelas, sus argumentos están marcados por el autoritarismo del Gran Hermano orwelliano.
"Los niños se inscriben en el Registro Civil, no en el Registro de la Propiedad", sentenció el vicepresidente Pablo Iglesias, correa de transmisión del bolchevique Julio Anguita; y lo corroboró la ministra de Educación, Isabel Celaá: "Los hijos no pertenecen a los padres". Sin embargo, estos tienen la obligación de criarlos, educarlos y protegerlos de los pervertidos pervertidores. Guiados por el pensamiento totalitario, ambos mandamases adjudican al Estado superpoderes de ingeniería social y hacen caso omiso de la patria potestad que ampara el derecho constitucional de los padres a cuidar que sus hijos "reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones" (art. 27.3). Solo la autoridad competente puede cancelar la patria potestad por motivos fundados.
El padre al paredón
El monopolio del Estado sobre la formación de la infancia se tradujo en la creación de los destacamentos de "Flechas y Pelayos" franquistas, "Hitlerjugend" nazis, "Balillas" fascistas y "Pioneros" comunistas. El modelo de estos últimos fue el niño soviético Pavlik Morósov, quien en 1932, a los 13 años, denunció a su padre por contrarrevolucionario y lo envió al paredón. Su biografía, muy controvertida posteriormente, cuenta que el delator fue asesinado por el resto de su familia, y el régimen estalinista lo puso como ejemplo en las escuelas, le erigió monumentos e incluso le dedicó una ópera.
Evoco este episodio de la barbarie comunista, aderezado por el agitprop, porque me lo trajo a la memoria otra afirmación de la ministra Celaá: "Los hijos e hijas de padres homófobos tienen derecho a ser educados en los valores igualitarios. Es uno de los pilares de la democracia" (LV, 18/1). La ministra -que estudió en el Sagrado Corazón y llevó a sus hijas al Colegio Bienaventurada Virgen María-Las Irlandesas de Lejona, concertado, segregado y con uniforme (Somatemps, 20/1)- no llega, todavía, al extremo de pedir que esos hijos denuncien a sus padres, como Pavlik, pero abre la puerta a la arbitrariedad. Tal vez a separarlos de ellos.
El criterio de los inquisidores
¿Qué significa ser homófobo? Si consiste en insultar, agredir o discriminar a los homosexuales, el Código Penal ya contiene las sanciones que los jueces le aplicarán al culpable. Sanciones que lo mantendrán en prisión, alejado de sus hijos, y les inculcarán a estos la idea aleccionadora de que su padre ha cometido un delito.
Pero el criterio del personal no docente afín al colectivo LGBTI, al que a menudo se encomiendan estos cursos extracurriculares, es muy parcial y discriminatorio. Estos inquisidores califican automáticamente de homófobos, de machistas, de heteropatriarcales y aun de fascistas, a quienes expresan civilizadamente su nula simpatía por las prácticas sexuales de dicho colectivo, o no se suman a ellas, o no comparten la ideología anticientífica de género, o no están enrolados en partidos del frente "progre". La prueba de ello la tuvieron los dirigentes de Ciudadanos, que cometieron la herejía de pretender incorporarse a la marcha del orgullo gay sin ser activistas reconocidos y fueron expulsados por el servicio de guardia que los consideró intrusos. Los liberales naranjas deberán aprender a no coquetear con heterófobos.
Miedo a los pedófilos
En nuestra sociedad laica, plural y abierta -repito, laica, plural y abierta, condición sine qua non- habrá, como siempre ha habido, hijos gays de padres heterosexuales, y viceversa; como hay hijos ateos de padres religiosos, y viceversa; e hijos comunistas de padres conservadores, y viceversa; e hijos carnívoros de padres veganos, y viceversa. Así evoluciona (o involuciona) la humanidad sin la tutoría de burócratas entrometidos.
Y por último, pero no porque sea menos importante. Es comprensible que en un mundo donde todos los días se conocen nuevos casos de pedofilia perpetrados por sacerdotes, maestros, monitores de gimnasia e incluso padres aparentemente intachables, aumente la resistencia a la entrada en las aulas de personas ajenas al cuerpo docente, que llegan para impartir cursos sobre temas conflictivos pero pueden aprovechar su estatus de autoridad para practicar el proselitismo y la seducción de los menores.
Dejémonos de rodeos: el miedo a los pedófilos emboscados es lo que más influye en la opción por el veto parental.
Desintoxicación antifóbica
¡Cuidado! Existe otra fobia, la más peligrosa, que además de navegar por las redes sociales es aplicada compulsivamente por sátrapas regionales sediciosos. El sistema educativo y los medios de comunicación públicos de Cataluña son focos de una hispanofobia descontrolada que se lleva por delante los derechos de niños y adultos. Los padres que intentan resistirse a este lavado de cerebros fóbico de sus hijos son acosados por AMPAs, sindicatos, conglomerados supremacistas y ayuntamientos.
Aquí sí urge la aplicación de una política de desintoxicación antifóbica. Con la Constitución en una mano y el Código Penal en la otra. Los enemigos de la judicialización son los protagonistas de la conjura hispanófoba y los cómplices de sus delitos. Esta gentuza aborrece la judicialización precisamente porque es el cordón sanitario que preserva las libertades propias de una sociedad civilizada como la nuestra, donde se respeta el derecho de los homosexuales a vivir su vida, pero donde debe prevalecer, sobre todo, el derecho constitucional de los padres a encauzar la educación de sus hijos sin coacciones de clanes tribales o de ideólogos de género. Repitamos el trabalenguas: el buen judicializador en buena hora judicializará.