Un vistazo a las noticias de estos días basta para confirmar una conclusión que ya no es posible aplazar más: este Gobierno ha agotado su crédito, defraudando las expectativas de sus votantes. Los partidos siguen cocinando los nombramientos al CGPJ, aunque el PP había prometido restablecer la independencia del poder judicial. El INE acaba de hacer públicas proyecciones aterradoras: para 2024, España habrá perdido un 6% de su población; las personas de menos de 65 años decrecerán en 4,1 millones, en tanto que las de más de 65 aumentarán en 1,5. Eso significa no sólo ciudades desoladas, sin juegos infantiles, también insostenibilidad del sistema de pensiones. Pero el Gobierno Rajoy no ha adoptado una sola medida de promoción de la natalidad, ni abierto un debate nacional sobre el problema demográfico. Bildu campa por sus respetos en las instituciones vascas: todo indica que el Gobierno Rajoy asumió el presunto acuerdo de Zapatero con el mundo abertzale; por eso abandonaron la escena Ortega Lara o María San Gil, y por eso acaba de hacerlo Santi Abascal. Sin embargo, Rajoy había prometido volver a la línea dura de Aznar (aplastamiento policial de ETA e ilegalización de su brazo político). Mientras tanto, el desafío secesionista de Artur Mas no encuentra otra respuesta que nuevas concesiones presupuestarias (tolerancia hacia el incumplimiento de los objetivos de déficit… que contrasta con la displicencia hacia la comunidad de Madrid, la única que mantiene cierta fidelidad al espíritu de moderación tributaria y contención del gasto que se le suponía al PP). Este Gobierno es incapaz no ya de enseñar los dientes a los separatistas, sino siquiera de argumentar audiblemente en contra de sus tesis y su imaginario. Y sigue siendo imposible recibir educación en español en buena parte del territorio nacional.
Una y otra vez, el Gobierno ha amagado con la restricción de la ley del aborto; llegaron incluso a señalarse plazos: mayo sin falta; octubre a más tardar… Pero carecen de convicciones sobre el tema, o de valor para aplicarlas. El PP de Rajoy se caracteriza por una completa sumisión ideológica a la izquierda en lo moral y cultural: el Ministerio de Educación acaba de crear un "Título de Formación Profesional en Igualdad de Género". Ni una sola de las leyes de ingeniería social de Zapatero ha sido revocada: ni la de matrimonio gay, ni la de divorcio exprés, ni la de memoria histórica. El PP, según parece, asume el legado socialista en esas materias. A diferencia de la izquierda, el PP no tiene una visión del mundo propia. Sólo aspira a ser un eficaz equipo de contables.
Pero también en la contabilidad se ha fracasado. El paro es más alto que en 2011. El déficit sólo ha sido reducido del 9 al 7%; ya Zapatero lo había bajado del 11 al 9%; además, como se trata de porcentajes calculados sobre el PIB, un 7% de déficit significa que el Estado gasta cada año casi un 20% más de lo que ingresa. Y mientras tanto, la deuda pública crece sin cesar, acercándose ya al 100% del PIB. Juan Ramón Rallo ha mostrado cómo en España las burbujas crediticia e inmobiliaria alimentaron un crecimiento desmesurado del Estado: el gasto público pasó de 263.000 millones en 2001 a 412.000 millones en 2007; el gasto en personal de las Administraciones pasó de 67.000 millones en 2001 a 107.000 en 2007: un 60% de incremento (en Alemania fue de un 16% en el mismo periodo). A partir de 2007 se desplomó la recaudación tributaria, pero se mantuvo la inflada estructura estatal. Así se generó el gigantesco déficit que padecemos.
Y había dos posibles formas de enjugar el déficit: aumentar los impuestos o revertir la hipertrofia del Estado, devolviendo el gasto público a los niveles de 2001. El Gobierno Rajoy ha optado claramente por la primera, sometiendo los españoles a una presión fiscal brutal que inhibe la reactivación de la economía y la creación de empleo. No se ha acometido una reducción seria del tamaño del Estado; ni siquiera se ha suprimido la grasa, la administración paralela de fundaciones, empresas y TV públicas, agencias, observatorios. No se ha abordado una reforma del régimen local que permita la fusión de municipios. No se ha estudiado la supresión de las diputaciones. Permanece intacta la maraña multinivel de cabildos, mancomunidades, ayuntamientos, autonomías, administración central, sin la necesaria cirugía mayor que acabe con las duplicaciones de competencias. No se han suprimido las subvenciones a partidos políticos y sindicatos, que en otros países se financian con las cuotas de sus militantes y donaciones privadas. Ni las subvenciones a sectores productivos inviables. No se ha acometido la necesaria reforma energética. No se ha simplificado el bosque de tipos de contrato laboral. No se han suprimido trabas burocráticas para la inversión extranjera y la creación de nuevas empresas: España ha perdido posiciones en el ránking mundial de libertad económica; ocupa actualmente el puesto 52 en el índice Doing Business del Banco Mundial, por detrás de Túnez o Kazajistán.
Y, por supuesto, no se han sometido a revisión los dogmas del Estado del Bienestar: los sistemas públicos de sanidad, educación y pensiones… pese a su evidente insostenibilidad a medio plazo. En Suecia, antiguo faro de la socialdemocracia, se han introducido el cheque escolar y el cheque sanitario, y se combina el sistema de reparto con el de capitalización en las pensiones. Aquí, el supuesto partido liberal-conservador no osaría abrir debate alguno sobre ello.
¿Harán todo esto en la segunda mitad de legislatura? Por supuesto que no: comenzará el rosario de convocatorias electorales, y el miedo a perder votos con reformas impopulares. El momento era al principio de legislatura, con cuatro años por delante y una mayoría absoluta recién estrenada. Se ha desperdiciado una oportunidad histórica.
El PP no es liberal ni conservador: no tiene una alternativa al modelo socialdemócrata de Estado paternalista hipertrofiado, ni al código moral sesentayochista (abortismo, nuevos modelos de familia, ideología de género). Y la gran cuestión es si España puede permitirse por más tiempo prescindir de un verdadero partido liberal-conservador. Según las encuestas, el PP estaría perdiendo votos en favor de UPyD y Ciudadanos. Pero estos partidos no tienen una identidad ideológica reconocible, más allá de cierta firmeza en la defensa de la unidad nacional (que contrasta, desde luego, con la inanidad del PP). En realidad, el hueco liberal-conservador en nuestro paisaje político sigue sin llenar. Y es un hueco inmenso, un agujero negro. La derecha sociológica –que abarca lo más sano, cualificado y patriótico de la sociedad española– está huérfana de representación.
El PP confía en que, a la hora de la verdad, esos millones de electores volverán al redil, espantados por el riesgo de un frente popular. Pero la media España liberal-conservadora merece algo mejor que ese eterno chantaje malminorista. Merece una fuerza política que le ofrezca por primera vez el bien mayor, y no el cada vez más mezquino mal menor.
No sirven ya las excusas. Ni la de "mantener la unidad de la derecha", pues el PP no es ya derecha. Ni la de "regenerar el PP desde dentro", pues la cúpula actual controla el partido férreamente y obtura cualquier resquicio de debate interno. Ni la de la Ley D’Hondt, pues UPyD ha demostrado que nuevos partidos pueden abrirse un hueco en el espectro. El bipartidismo está desmoronándose: lo anuncian todas las encuestas. Hay una masa enorme de españoles decepcionados, a la espera de una fuerza política que defienda aquello en lo que creen y que devuelva al país la esperanza de la regeneración.
Francisco José Contreras, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla y autor de Liberalismo, catolicismo y ley natural.