"Verdad y Justicia son una misma cosa" (Giuseppe Capograssi).
No corren buenos tiempos para la Justicia en España. Mejor dicho, el servicio que este Poder Judicial presta al pueblo no parece corresponder a las funciones que se le asignan en el seno de un Estado democrático maduro.
Parece como si el Poder Judicial, en vez de impartir justicia, tuviera como misión defender al delincuente. Esta afirmación personal podría ser fruto de una mente errática, pero si el razonamiento es harto frecuente entre el común de los ciudadanos habrá que pensar que me asiste algo de razón.
Últimamente la Justicia está en entredicho de forma permanente. La excarcelación de etarras, asesinos y violadores ha creado una gran alarma social. No menos repulsa produce el nombramiento de miembros de los órganos judiciales por cuotas de representación parlamentaria. La separación de poderes, que propicia un régimen democrático, en la España del siglo XXI es una utopía. El Poder Ejecutivo, con su garantizada alternancia de siglas, controla y maneja todos los hilos de los poderes del Estado; incluidos, lógicamente, los medios de comunicación.
El pasado día diecisiete Libertad Digital publicó una noticia sobre la desaparición del foco de explosión de Santa Eugenia. La noticia ha pasado inadvertida para todos. Al menos judicial y políticamente, debería haber sido una noticia relevante. No en vano los atentados del 11-M siguen siendo una incógnita en la que faltan pruebas y autores.
Este hecho singular, dentro de un proceso muy especial, me ha sugerido la idea que pretendo transmitir.
El proceso judicial se saldó como sabemos con una sentencia sin autores. Las vías para continuar las investigaciones no están cerradas sino cegadas adrede por los tres poderes, unificados en el Gobierno de turno. El recorrido judicial parece condenado a su fin, tras conseguir el primer objetivo de los autores, el anonimato. ¿Qué podemos hacer las víctimas, el pueblo y los que, libres de culpa, sólo desean identificar a los autores y a sus cómplices?
Desconozco los mecanismos del Poder Judicial para evaluar sus cumplimientos o sus fallos. Deben de existir procedimientos, cuando no hay ningún rubor para decidir y recibir medallas y premios. ¿Cómo se lleva a cabo el castigo de los jueces ante actuaciones tan irregulares como la del 11-M? Por un delito menos grave, hemos asistido recientemente a la separación de un juez de su carrera.
Si el primer objetivo de este proceso judicial era descubrir a los autores e imponer las penas adecuadas a la gravedad de los delitos cometidos, es evidente que estamos lejos de conseguirlo. La responsabilidad de los hipotéticos logros, y de los fallos evidentes, no puede recaer más que en las autoridades judiciales que intervinieron en el proceso: juez instructor, tribunal juzgador, Tribunal Supremo y Fiscalía. ¿Alguien espera que alguno de éstos promueva la investigación de este caso, que, más que cerrado, está por abrir? Ni asociaciones de víctimas, ni partidos políticos, ni el Gobierno ni la prensa parecen tener interés en descubrir y ajusticiar a los autores de un atentado que, además de matar a doscientas personas, cambió nuestra historia.
El 31 de octubre de 2007 el señor Rajoy hizo el siguiente comentario a la sentencia del juicio del 11-M: "Hay que seguir las investigaciones judiciales hasta conocer a todos los autores del atentado". Han pasado seis años y no se ha avanzado nada en esa dirección; muy al contrario, se han obstaculizado todas las ocasiones de avance hacia la verdad. ¿Hasta cuándo hemos de esperar las víctimas del atentado? ¿Acaso tenemos que actuar como los terroristas?
Ante el silencio y la inacción, propongo auditar el proceso judicial del 11-M. Desconozco si esta práctica existe en el ámbito judicial, pero con ella se podrían sacar a la luz pública las luces y las sombras de un proceso que no parece modélico.
Los resultados de la auditoría podrían ser el principio del pago de una deuda pendiente del Poder Judicial para con las víctimas y el pueblo, a los que dicen servir.
La Verdad y la Justicia se aproximarían entre sí y estarían más cerca de los ciudadanos.
Pinche aquí para firmar la campaña emprendida por Gabriel Moris para pedir que se investigue el 11-M.