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Gabriel Moris

Balance de otro año perdido

Después del atentado y del alboroto político-social de los días siguientes, el 11-M pasó a ser silenciado por todos.

No pretendo hacer un balance financiero de España en estas reflexiones. Pretendo hacerlo de algo que, para mí y para muchos ciudadanos, es mucho más importante que la ruina económica. Se trata del crimen masivo e indiscriminado cometido un once de marzo contra el pueblo que viajaba en los Trenes de la Muerte. Oficialmente desconocemos el objetivo.

Transcurridos casi nueve años de aquel asesinato múltiple, me atrevería a pronosticar que la mayoría de los españoles de edad inferior a los veinte años no asocia el 11-M con el mayor atentado terrorista del siglo XXI en España y Europa. Seguro que sí han oído hablar de la Memoria Histórica. Después del atentado y del alboroto político-social de los días siguientes, el 11-M pasó a ser silenciado por todos. Dejaron de existir los peligrosos islamistas, nunca más se hicieron manifestaciones reclamando verdad y justicia, es más, en el callejero de nuestras ciudades no se aprecia una profusión de alusiones al atentado y a sus víctimas. Puedo estar equivocado pero ésta es mi apreciación.

Tanto nuestras autoridades como los medios de comunicación que las apoyan tienen una deuda con las víctimas del terrorismo. Esa deuda no se puede saldar con medidas económicas y fiscales. La única manera posible de compensarla parcialmente pasa por esclarecer los hechos y hacer justicia. Nada de esto se está haciendo, en la sentencia no había autores intelectuales, sólo un dudoso autor material y sin un relato probado de los hechos, con pruebas incontrovertibles. Si no me falla la memoria, el 31 de octubre de 2007, después de la lectura de la sentencia por el ponente, el actual presidente del Gobierno, líder de la oposición en aquel momento, declaró que había que seguir investigando el 11-M hasta esclarecer plenamente los autores y los hechos.

Antes y después de la sentencia, la inacción y el mutismo ante la vergüenza nacional del 11-M ha sido como una consigna de obligado cumplimiento para todos los poderes del Estado. Es más, se han dado premios y prebendas a alguno de los actores que impidieron la recta investigación ¿Alguien en su sano juicio puede comprender esta realidad? ¿Qué oscuros intereses o temores pueden justificar esta actitud?

Desde la llegada al poder del nuevo Ejecutivo, no ha habido ningún gesto que indique un cambio de actitud en la investigación pendiente de los atentados de los Trenes de Cercanías. Yo, como víctima, creo vivir aún en las nefastas legislaturas derivadas de los atentados. Como si hubiera una relación causa-efecto entre los atentados y las acciones derivadas.

Podemos concretar el balance en tres asuntos que provienen del año 2012:

– Recurso de casación contra Sánchez Manzano y un perito tedax, presentado ante el Tribunal Supremo por la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M. Según mi información, la vista se debió celebrar a puerta cerrada el 31 de enero.

– Declaración ante la juez Belén Sánchez, de la Audiencia Provincial de Madrid, de Jamal Zougam, su madre y sus hermanos. Tuvo lugar el 17 de enero. Todos ratificaron que el condenado se hallaba en su casa en la hora de los hechos.

– Aparición en Villaverde de los restos del único foco de explosión que se conserva. La Fiscalía General del Estado solicitó informes sobre el hallazgo a la Fiscalía de Madrid y de la Audiencia Nacional. Transcurrido casi un año, desconozco si ha habido algún tipo de repercusión práctica en la investigación.

La deuda del Estado para con las víctimas sigue pendiente. En este asunto sí hay unanimidad de criterio y de acción. "El pueblo español no está preparado para conocer la verdad". 

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