Las elecciones generales del próximo día 20 tienen una importancia clave para España. Son, posiblemente, las elecciones con más relevancia política desde el año 1982, que supusieron la vuelta al Gobierno de un partido de izquierda y el fin de la Transición. A diferencia de las celebradas en los últimos 30 años, en las del día 20 los españoles no votamos un partido de Gobierno sino una reforma (o no) del sistema político como única salida a la grave crisis política, social y económica en la que nos encontramos.
En esta ocasión es clave que seamos conscientes de que España no está ante unas elecciones más sino en una encrucijada histórica difícil, acosada por sus enemigos y fuertemente debilitada en su modelo político y social; es decir, en decadencia.
En mi opinión, esta situación es consecuencia del actual statu quo, por lo que mantenerlo por más tiempo es impensable, como impensables son las consecuencias que podrían derivarse de hacerlo, solo nos llevaría a la ruina económica y social, quizás incluso a nuestra propia destrucción como Estado. Debemos ser conscientes de que, a diferencia de lo que algunos se empeñan en contarnos, el problema tiene raíces esencialmente sistémicas, y que sólo afrontando sus vicios seremos capaces de superar la situación actual.
Debemos ser conscientes de que, gane quien gane las elecciones, no es posible mantener un nivel de corrupción política como el actual, porque daña las instituciones, la credibilidad del sistema y, por tanto, su viabilidad (también económica). Como no es admisible por más tiempo que el poder político siga repartiéndose las instituciones y órganos de arbitraje al modo de la Restauración, ni amparar un sistema judicial lento, obsoleto y disfuncional como mejor procedimiento para mantenerlo bajo control. No hay sociedad que soporte tal tiranía. Tampoco es posible mantener el actual Estado de las Autonomías, ni en el número de CCAA ni en las competencias que manejan. El actual sistema autonómico no solo es insostenible económicamente: es que, aún peor, es imposible de asumir políticamente. No es viable tener diecisiete taifas empeñadas en su propio hecho, cuando no identidad, diferencial. Tampoco lo son los más de 8.000 ayuntamientos, ni las diputaciones y órganos consultivos, verdaderas agencias de colocación bajo control exclusivo de los partidos. No es moral ni políticamente admisible mantener un país anestesiado mediante el control absoluto de los mass media, ni una economía basada en los contactos, en los amigos o en la compra de voluntades a la búsqueda de subvenciones o normas que atenten contra la libertad de mercado, única herramienta de desarrollo económico, competitividad, innovación y permeabilidad entre estratos sociales. Debemos recuperar el mérito y la capacidad como norma social, por encima de la pertenencia al grupo o la familia.
Por tanto, España no necesita un Gobierno, lo que necesita es un modelo de Estado que sustituya al actual y apueste definitivamente por la modernización de nuestro país, erradicando los viejos hábitos y procedimientos que han marcado nuestra política desde siempre. En definitiva, un cambio cultural en la manera de entender la política y las instituciones. De no hacerlo nosotros, nos la harán los más radicales y sectarios.
Los españoles debemos saber de dónde venimos, qué nos ha traído hasta aquí y a dónde queremos ir. Nuestra responsabilidad no puede quedarse en introducir el voto en la urna, es necesario implicarse y transformar España.