La Abogacía General del Estado, que ostenta la representación y defensa del Estado, no ve causa de rebelión en el Golpe de la Generalidad, lo que se traduce en una rebaja notable de las penas contra los golpistas. Por lo visto, como ya adelantó la vicepresidenta Carmen Calvo, no hay rebelión porque no hay violencia armada sino algunos "incidentes de orden público".
El Gobierno niega haber ejercido "presiones" sobre la Abogacía y niega también que haya "gestos" hacia el golpismo. Ni presiones ni gestos. Sin embargo, la Abogacía General cambió su parecer sobre el golpe de la Generalidad contra el Estado español cuando el presidente del Gobierno empezó a negociar los Presupuestos Generales del Estado. Antes, el trabajo de la Abogacía había estado alineado con la instrucción del juez Pablo Llarena, contemplando los delitos de rebelión y malversación en el episodio de la euro-orden que hizo tristemente famosa a la ministra de Justicia alemana y al tribunal de Schleswig-Holstein, protectores del golpista Puigdemont y demás prófugos. También se mostraba afín a las tesis de la Fiscalía en materia de prisión preventiva contra los presos golpistas.
Pero la Abogacía è mobile y su superior jerárquico es el Ministerio de Justicia, así que en La Moncloa debieron decir a coro aquello de "¡Éxito seguro!". Dicho y hecho: Consuelo Castro, nombrada por el Consejo de Ministros y a las órdenes de Dolores Delgado, firma el escrito de conclusiones provisionales cuando lo normal es que lo haga el responsable de asuntos penales. La ministra de Justicia –no es la primera vez que conoce delito y lo celebra– achaca el cambio procedimental a la "relevancia" del asunto. Y tanto. Quizá el nombre de Consuelo Castro, ya responsable directa del dictamen de la vergüenza, cobre importancia cuando la Carmen Calvo o Dolores Delgado de turno se sacudan las responsabilidades ante la gravedad e irregularidad de este acto. Yo no fui, fue Consuelo… El caso es que ya tenemos otra función de la Abogacía: contribuir al buen término de los presupuestos generales ejerciendo un papel mediador entre el Estado y sus enemigos para sostener un poder que no le han dado las urnas. Y ni así lo van a conseguir.
La cuestión es tan grave como sencilla de comprender: el Estado no se defiende ante un golpe de Estado, no actúa como acusación sino que rebaja la petición de pena –con la vista puesta en los indultos– porque hay una contrapartida de poder, convirtiendo así su herramienta acusadora en una Abogacía General del Golpe de Estado. Lo dijo el líder de la oposición Pablo Casado en el Congreso de los Diputados y lo avaló Albert Rivera. Fue una verdad como un templo y por eso desencajó a Sánchez.
Y por más que insistamos, serán pocas las veces que recordemos las palabras de Pedro Sánchez:
"Si no hay altercados públicos eso no significa que no pueda haber un delito de rebelión como sí que se produjo (…) Por reflexionar sobre lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre [de 2017] en el Parlamento de Cataluña, ¿se puede entender como un delito de rebelión? Yo creo que lógicamente lo es (…) A mí no me ha gustado lo que ha hecho el Poder Judicial, por ejemplo, en Bélgica y creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que, en consecuencia, deberían ser extraditados esos responsables políticos a España".
Clarísimamente. Sin lugar a dudas. En audio y vídeo. Pero para medir hasta dónde puede llegar la ignominia de un Gobierno basta escuchar con cierta atención a Carmen Calvo, vicepresidenta. Aquellas palabras no las pronunció "el presidente del Gobierno" sino Pedro Sánchez, "el pasado mayo", un tipo que, por entonces, no tenía visos de llegar a presidente. Así es Carmen Calvo. La manipulación, la mentira y la desfachatez convertidas en ministra, así en Madrid como en El Vaticano. Y asunto concluido.
Nada es lo que parece y todo puede cambiar en la neolengua orwelliana. La guerra es la paz y la libertad es la esclavitud. De pronto la capital de España es Schleswig-Holstein y, al no ser suficiente la afrenta de tener a Dolores Delgado, nos convierten en ministra de Justicia de Pedro Sánchez a Katarina Barley.
Así que no, no es Dani Mateo. Es el presidente del Gobierno el que aparece en un vídeo leyendo la Constitución convertida en prospecto del Frenadol y sonándose los mocos con la bandera de España avalado, eso sí, por el tal Dani Mateo, que es en realidad el Abogado General del Estado.
Habrá que ver si en Ciudadanos todavía comparten lo que dice su gurú Manuel Valls al respecto de VOX, acusación particular en el golpe de Estado y parte en el juicio junto a la Fiscalía y la Abogacía General de Sánchez o del Golpe o de Mateo. Si PP y Ciudadanos no consiguen estar a la altura por llegar primero a las metas volantes andaluzas, yo registraría como pregunta parlamentaria dirigida al presidente del Gobierno –Pedro Sánchez, supongo– la efectuada por Frank Cuesta. Cambiando un poco el tono, es la pura realidad.