Si bien se mira, lo en verdad desolador no es que el discurso del catalanismo resulte hegemónico en Cataluña, sino que haya acabado contagiando al resto de España. Desolador es que su mezquino particularismo impregne hoy la acción política de las elites regionales, ésas que asienta su poder en el control de las comunidades autónomas. Triste sucedáneo celtíbero del milagro de los panes y los peces, la cultura del catalanismo, estomagante cóctel de sentimentalización obscena, victimismo lacrimógeno y un carrusel de agravios permanentes, se ha multiplicado por diecisiete. He ahí su genuino triunfo: que ni en un solo rincón del país deje de resonar ya el eco inconfundible de su aldeanismo ontológico. Esta vez son las balanzas fiscales, aquella vieja obsesión de los secesionistas más atrabiliarios, ahora convertida en bandera de los que se dicen sus fieros oponentes.
No obstante, lo defienda quien lo defienda, el cálculo de las balanzas fiscales entre ciudadanos españoles nunca dejará de ser una soberana estupidez conceptual. Y ello porque, en el mejor de los casos, constituye un ejercicio gratuito de prestidigitación contable. Y en el peor, porque encierra una disimulada incitación al odio y la ruptura de la convivencia. A ninguna otra meta conduce el absurdo de pretender que son los territorios, y no los individuos, quienes pagan los impuestos. La Caixa, por ejemplo, es una gran entidad financiera española que dispone de una fracción menor de su negocio ubicada en las cuatro provincias catalanas. ¿Cómo demonios saber qué parte de lo tributado por La Caixa en concepto de Impuesto de Sociedades procede de beneficios generados dentro de esas cuatro provincias y qué parte no? Es simplemente imposible averiguarlo.
De ahí que, por encima de cualquier otra consideración, las balanzas fiscales adornen con números una tremenda estafa intelectual. Ocupar a los funcionarios de Hacienda en extender un mapa de España sobre el suelo del ministerio colocando encima de cada región sus respectivas declaraciones del IRPF no deja de ser una frivolidad propia de aquel discutido y discutible Zetapé, pero resulta entretenimiento inaceptable para un partido liberal-conservador que crea en la Nación. En cuanto a los que claman por la sagrada transparencia, ¿por qué no empiezan por exigir que se publique cuánto dinero ha costado a los contribuyentes la difusión del catalán en los últimos siete lustros?