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El indulto de Puigdemont y Junqueras

Si Sánchez quiere alumbrar 200.000 Traperos, ya sabe lo que tienen que hacer.

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Cordon Press

Acaso inconscientemente, la delegada Cunillera, del PSC, acaba de cargar con toda la caballería retórica a su alcance contra el sacro principio constitucional de la presunción de inocencia. ¿O cómo entender si no que la representante institucional del Gobierno de la Nación en la plaza haya dado ya por hecho que los reos catalanistas hoy presos en celdas custodiadas por el esquizofrénico carcelero Torra son con plena seguridad culpables, sin excepción personal alguna, de los gravísimos delitos que les imputa el juez instructor de la causa? Tan convencida semeja estar la delegada Cunillera de que esos reclusos comunes cometieron todos y cada uno de los supuestos tipificados en el Código Penal que les han valido la prisión preventiva, tanto, que se ha lanzado a reclamar el indulto gubernativo para ellos. Mujer diríase que no dotada de grandes luces, la delegada Cunillera parece no haber reparado aún en que la figura del indulto solo se antoja pertinente tras una condena judicial firme e inapelable. O sea, que hasta Cunillera, lo que quiere decir Iceta, lo que quiere decir el PSC en pleno, coincide en que los golpistas no eran otra cosa más que golpistas. Al punto de que ni un ápice de duda concede la buena señora a su conducta durante el pasado octubre. Bien, pues, por Cunillera.

Así las cosas, es decir, dando por sentado que todo el peso de la justicia va a caer sobre Junqueras y el resto de la banda, tal como cree la delegada del Gobierno, emerge en escena la cuestión de un eventual indulto. Indulto, por cierto, al que solo un partido nacional, el PP, se opone a estas horas con la boca grande (Ciudadanos, de momento, lo ha hecho con la pequeña). Pero ¿serviría de algo indultar a los catalanistas otra vez? Otra vez, sí, porque el cabecilla germinal de los insurgentes, que no fue otro que el Gran Ladrón, Jordi Pujol, ya fue indultado en su día, si no de iure de facto, cuando el expolio de Banca Catalana a principios de la década de los ochenta. Un atraco impune, el primero de una lista infinita, que le salió gratis merced a que toda la izquierda catalana y española, con la solitaria excepción de Jordi Solé Tura, decidió, primero, mirar para otro lado y, después, Felipe González mediante, presionar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que hicieran lo mismo. Al Gran Ladrón lo indultaron en nombre, como ahora se vuelve a reclamar, de la famosa concordia y el no menos célebre diálogo. ¿Y para qué sirvió el primer ejercicio coral de indignidad del Estado frente a los catalanistas y su jefe incontestable de entonces? Sirvió para que ahora, cuarenta años después de aquella vergonzante iniquidad, tengamos a media Cataluña en situación de rebeldía permanente frente a la legalidad democrática española. Sirvió para eso y solo para eso.

Porque tras la temeraria sensación subjetiva de impunidad que animó el proceder alocado de tipos como los Jordis durante el asalto a la comitiva judicial en la Consejería de Economía estaba el recuerdo bien fresco de aquel gratis total de cuando los inicios de Pujol. Pensaron que no les iba a pasar nada porque nunca les había pasado nada. La audacia de sus acciones todas a lo largo de la asonada, desde el desparpajo sedicioso de los cabecillas de los mozos de escuadra hasta la histriónica contumacia delictiva de la presidenta del Parlament, se asentó en una conciencia colectiva de impunidad que aprendieron de su viejo mentor espiritual, el Gran Ladrón. Y ahora, nadie lo dude, pasaría lo mismo si el Estado volviese a incurrir en idéntico error. Si los acaban soltando por la puerta de atrás, los 200.000 empleados de la Generalitat entenderán el mensaje de que en el próximo golpe lo prudente para conservar el empleo será colocarse en primera línea junto a los jefes de la bullanga. Si Sánchez quiere alumbrar 200.000 Traperos, ya sabe lo que tienen que hacer.

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